La alarma social ha saltado entre los pequeños comerciantes de
Calvià y el colectivo no ha dudado en movilizarse. Una docena de
asociaciones ya se han constituido en plataforma para defenderse
ante la iniciativa del equipo de gobierno socialista consistente en
incluir dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un
articulado consistente en prohibir el cambio de actividad en todos
los comercios cuya superfie no sea inferior a los 60 metros
cuadrados.
La primera asamblea informativa celebrada por los afectados
concluyó con la fijación de un calendario de actividades y una
serie de acuerdos que comienzan por solicitar una reunión urgente
con el Ajuntament de Calvià para debatir la normativa que se
pretende aprobar y concluyen «si procediese» con una rebelión
fiscal y el cierre patronal.
El presidente de la Federación Balear de Comercio y Servicios
Turísticos (Fetur) y uno de los portavoces la plataforma, Luis
Marín, ha informado a este periódico que la normativa que pretende
aprobar el Ajuntament de Calvià y que ha conocido a través de
Ultima Hora «vulnera la Constitución» porque
prohíbe el libre comercio. Para conocer más detalles de la
iniciativa del equipo de gobierno socialista, la plataforma ha
solicitado una reunión urgente con la mayoría municipal pero ayer
al mediodía aún no había recibido contestación. «Puede ser un
proceso largo», aventuró Marín.
La primera medida de presión que pretende poner en marcha la
plataforma es una recogida de firmas «selectiva», sólo entre los
afectados, es decir, comerciantes, empresarios y propietarios de
locales. Los servicios jurídicos de las diferentes asociaciones de
comerciantes tambíen han puesto manos a la obra en el estudio de la
propuesta municipal para recurrirla si finalmente es aprobada.
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