Son Font convierte los huertos familiares a tiempo parcial en chalets de lujo.

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MIQUEL BAUÇÀ/JOSEP ROSSELLÓ Carlos Delgado, portavoz del grupo popular en materia urbanística, anunció ayer la presentación de la más que posible «denuncia penal por delito ecológico» contra la alcaldesa, Margarita Nájera, por haber consentido la continuada construcción de viviendas en la parcelación rústica de Son Font. «Si hay indicios de criminalidad, la denuncia se presentará enseguida», manifestó el edil, quien acusó a la batlessa de haber mentido sobre el caso de Son Font reiteradas ocasiones.

Además, el PP calvianer ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo contra la aprobación del PGOU. Esta acción legal será ejecutada una vez que la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca apruebe definitivamente el nuevo planeamiento.

Carlos Delgado, que ofreció una rueda de prensa en la sede del PP de Palma acompañado del ex presidente del Govern, Jaume Matas, negó que el equipo de gobierno socialista tenga intención de proteger Son Font y explicó que la edificabilidad aumenta: «Si hasta ahora en una parcela de 10.000 m2 se podían construir 660 m2 de vivienda, a partir de ahora se podrán edificar 1.000 m2».

En 1987 se permitían en Son Font dos plantas de 300 m2 cada una y un torreón. El PGOU de 1991 suprimió la torre y redujo a 250 m2 la superficie por piso. El nuevo planeamiento califica Son Font como Rústico Unifamiliar 7, lo que significa permitir construir 0'1 m2 por m2 de parcela, con un máximo de 2.100 m2, es decir, dos plantas de 350 m2 cada una.

El PGOU aprobado provisionalmente por el Ajuntament pide la recalificación en suelo urbano de Son Font por consolidación al entender que ya se ha construido o está autorizada la edificación en más del 66'6% de la parcelación. Delgado comentó que tras haber consultado con prestigiosos urbanistas se puede decir que el equipo de gobierno socialista «quiere convertir en urbano Son Font ilegalmente, porque no está consolidado». Al respecto, dijo que recientes sentencias defienden la tesis de que la consolidación se debe sonsacar de la proporción entre la superficie construida y la superficie libre. También rechazó el agrupamiento de parcelas como fórmula para justificar la consolidación.

En una valoración política de este caso, Delgado dijo que Nájera y el PSOE de Calvià han mentido reiteradamente, especialmente cuando dijeron que Son Font tuvo un interés social que jamás existió. Para el PP, la aprobación de la Ley del Suelo en 1997 regulaba la parcela mínima en Son Font, estableciendo una superficie exigible de 14.000 m2, pues la Ley de Espacios Naturales (LEN), que consideró esta zona Area de Asentamiento en Paisaje de Interés no estableció la parcela mínima. Así, Delgado considera que las licencias otorgadas desde 1997 son ilegales.

La alcaldesa, Margarita Nájera, replicó tras conocer las intenciones del PP que el Ajuntament «siempre ha cumplido la legalidad» e insistió en que quien dio las autorizaciones para construir en Son Font en 1987 fue la Comisión Provincial de Urbanismo presidida por un conseller del PP y que la LEN «sacó Son Font de cualquier posible protección por la puerta falsa».