El GOB critica que la ordenanza reguladora que el Ajuntament de
Capdepera aprobó en 1996 a propuesta del grupo ecologista «se ha
quedado en papel mojado», puesto que limita la libre circulación de
vehículos por los caminos que transcurren por las áreas naturales
de Cala Agulla y Cala Mesquida y en realidad se ha comprobado que
la normativa no se cumple.
Los ecologistas argumentan que la medida nunca se ha hecho
efectiva «puesto que si bien en algunas vías de acceso se ha
colocado señalización prohibitiva, nunca se han tomado las medidas
necesarias para velar de forma suficiente el cumplimiento de estas
limitaciones y mucho menos sancionar al infractor».
Para los ecologistas, es lamentable «que el resultado de todo
esto sea un espacio natural que sigue padeciendo la degradación
acelerada a causa de la circulación de motocicletas e incluso
coches a través del magnífico sistema dunar».
La zona sudoriental, la que se halla más cerca de la
urbanización de Cala Rajada, «se halla surcada por pistas abiertas
por las motocicletas. Algunos de estos viales alcanzan una amplitud
considerable, superando en algunos casos los cinco metros de
amplitud», apuntan los ecologistas. Por su parte, el socialista
Climent Alzina, primer teniente de alcalde, manifestó: «El
municipio cuenta con un guarda rural que vigila la zona, aunque
reconocemos que es insuficiente. De hecho, ya se han impuesto
sanciones económicas y tenemos intención de intensificar la
vigilancia».
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