Un juez ordena al Ajuntament d´Inca desmantelar una chatarrería ilegal

Se pone fin de esta manera a un polémico enfrentamiento vecinal que comenzó, según explica el alcalde, cuando Tomeu Sáez compró una finca colindante a la suya para ampliar la chatarrería. Los enfrentamientos verbales con los vecinos terminaron en el juzgado. «El señor Sáez se considera víctima de una persecución y yo quiero que quede claro que no ha habido ninguna persecución, pero carece de licencia de apertura y de interés general y ha querido ir por las malas», explicó Pere Rotger. El alcalde indicó que «se ha llegado a una situación extrema» y ayer comentó que recibió una visita del denunciado en la que le comunicó que si bien entiende que el problema de los residuos es común a toda Mallorca y hay que buscarle una solución, mientras tanto el Ajuntament tiene que actuar. De hecho, si el alcalde no procediera a la retirada de la chatarra, obviando las diligencias judiciales, podría ser denunciado por la vía penal.

Una vez que Tomeu Sáez ha conocido las diligencias judiciales dictadas en su contra, se ha dirigido al Consistorio para denunciar a los propietarios de entre 15 y 20 empresas de Inca que se encuentran en la misma situación. Así lo ha explicado el batle, que entiende que «con esta postura no ha solucionado nada y no hace sino crearse enemigos».

De hecho, Tomeu Sáez ha tenido problemas con su vecindario. Algunas de las parcelas colindantes con la suya se encuentran en venta. El primer vecino que denunció a Sáez vendió su finca «porque padecía del corazón y no quería más enfrentamientos», según explican sus vecinos, que afirman que «la persona que compró la parcela ya la ha puesto de nuevo en venta».