La decisión de paralizar el convenio urbanístico fue tomada después
de que unos minutos antes de comenzar el pleno el notario Manuel
Luis Beltrán García entregara un requerimiento notarial al alcalde
accidental, Manel Suárez, al secretario de la Corporación y al
portavoz del grupo popular, en la oposición, Carlos Delgado. El
documento remitido a instancia de Hábitat Golf Santa Ponça SL
(antes Imisa), promotora de la urbanización Nova Santa Ponça,
advertía que de ser aprobado el acuerdo que se elevaba a pleno se
podría incurrir en un «delito de estafa por doble transmisión».
Asimismo, la urbanizadora se reservaba el derecho de emprender
acciones legales.
El motivo de la disputa radica en la titularidad de los 8.000 m2
de Nova Santa Ponça (en los que se puede construir una veintena de
apartamentos) que el Ajuntament ofrece a cambio del solar de Cala
Fornells con tal de evitar nuevas construcciones en primera
línea.
En marzo de 1993, un solar urbano de 8.000 m2 situado en la
calle George Sand pasó a ser de patrimonio municipal tras la cesión
prevista en el proyecto de compensación de un plan parcial
promovido por Imisa. Sin embargo, en diciembre de 1989 se firmó un
convenio entre el Consistorio e Imisa en el que ambas partes
acordaban desafectar aquella parcela, que retornaba a la promotora.
Más adelante, las diferencias entre ambas partes por el futuro de
la Ciudad del Golf provocaron que Imisa interpusiera un recurso
ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que aún no ha
sido resuelto. Así, la titularidad de este solar aún está pendiente
de juicio.
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