El edificio de la plaza de abastos de Manacor deberá ser demolido
parcialmente, por orden judicial, después de que se hayan agotado
todas las vías para intentar legalizar el edificio, construido en
1992.
En sesión plenaria convocada con carácter extraordinario que se
celebró anoche, se informó de las resoluciones de los servicios
jurídicos municipales que concluyeron que nada puede parar la
sentencia judicial, que ordena la demolición de sendas partes de
los dos edificios que conforman el mercado para que se adecúen al
volumen legal. El equipo de gobierno se mostró condundente, pese a
lamentar haber tenido que llegar a esta situación. Los dos
portavoces de la oposición, Catalina Sureda (PP) y Antoni Frau
(Unió de Convergències), que hasta ahora se habían mostrado
beligerantes, acataron los informes y votaron con la mayoría
municipal ante la sorpresa de los numerosos vendedores que
asistieron a la sesión.
La decisión del Ajuntament sobre este polémico caso ha
ocasionado reacciones adversas entre los titulares de los puestos
de la plaza de abastos, que se sienten víctimas. Para algunos, la
reubicación no era un problema y estaban dispuestos a aceptarla.
Muchos placers no entienden cómo se pudo realizar una construcción
ilegal siendo el promotor el propio Ajuntament. Otros estaban
indignados y demostraron su enfado ante una resolución «totalmente
injusta», culpando de todo todo ello al Consistorio manacorí.
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