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El edificio de la plaza de abastos de Manacor deberá ser demolido parcialmente, por orden judicial, después de que se hayan agotado todas las vías para intentar legalizar el edificio, construido en 1992.

En sesión plenaria convocada con carácter extraordinario que se celebró anoche, se informó de las resoluciones de los servicios jurídicos municipales que concluyeron que nada puede parar la sentencia judicial, que ordena la demolición de sendas partes de los dos edificios que conforman el mercado para que se adecúen al volumen legal. El equipo de gobierno se mostró condundente, pese a lamentar haber tenido que llegar a esta situación. Los dos portavoces de la oposición, Catalina Sureda (PP) y Antoni Frau (Unió de Convergències), que hasta ahora se habían mostrado beligerantes, acataron los informes y votaron con la mayoría municipal ante la sorpresa de los numerosos vendedores que asistieron a la sesión.

La decisión del Ajuntament sobre este polémico caso ha ocasionado reacciones adversas entre los titulares de los puestos de la plaza de abastos, que se sienten víctimas. Para algunos, la reubicación no era un problema y estaban dispuestos a aceptarla. Muchos placers no entienden cómo se pudo realizar una construcción ilegal siendo el promotor el propio Ajuntament. Otros estaban indignados y demostraron su enfado ante una resolución «totalmente injusta», culpando de todo todo ello al Consistorio manacorí.