Aplazada la aprobación del plan general de Calvià por su incertidumbre jurídica

Tras horas de debate, los miembros de la comisión acordaron por unanimidad aplazar la aprobación del planeamiento hasta que los servicios jurídicos del Consell elaboren un informe sobre la legalidad de esta medida y determinar si se atiene al 2% de crecimiento establecido en las DOT. Como fecha tope se estableció el 11 de julio para evitar que entre en vigor el plan del 91. Rafael de Lacy, presidente de la Comissió Insular d'Urbanisme, explicó que «Calvià plantea disminuir la presión urbanística de su municipio con esta medida, que si se aprueba hay otros ayuntamientos interesados, pero se corre el peligro de que esta presión se traslade a otros puntos de Mallorca. Tendría consecuencias supramunicipales ya que podría afectar al Plan Territorial de Mallorca».

La decisión se adoptó al conocer la existencia de dos informes jurídicos encargados por el Ajuntament "uno del catedrático de UIB Avel.li Blasco y otro del abogado de Madrid Enrique Jiménez Larrea" según los cuales la programación de licencias «se ajusta a derecho y es de perfecta aplicación», según argumentó Margarita Nájera, alcaldesa de Calvià, quien defendió esta medida en la Comissió d'Urbanisme. Precisamente, estos informes fueron motivo de polémica ya que, según el Ajuntament, el Consell los tenía en su poder desde agosto de 1999, pero, según Rafael de Lacy, tuvo acceso a ellos el pasado lunes. Todos los partidos representados en la Comissió d'Urbanisme alabaron la voluntad del Ajuntament de frenar el crecimiento urbanístico, pero hicieron hincapié en que la programación de licencias ha de estar sustentada por informes jurídicos favorables. Así lo expresaron EU, PSOE, PSM, UM y PP.