Los asesores jurídicos de la junta de compensación del segundo
polígono industrial mantienen que las obras para reforzar el muro
del tren no competen a los propietarios del polígono.
Así lo manifiesta el alcalde de Inca, Pere Rotger, en
representación del Ajuntament que forma parte de los propietarios
afectados por la urbanización. Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM) reclama en una demanda judicial el pago de las obras de
reforma del muro para poder reabrir la línea hasta sa Pobla. Rotger
dice que cuando se aprobó el proyecto de urbanización , en abril de
1995, tanto FEVE como el Consell Insular de Mallorca dieron su
conformidad a la construcción del actual muro de contención, sin
poner ninguna objeción ni a la altura ni al grosor de la pared
muro.
Rotger indica que «cuando se aprobó el segundo polígono
industrial no existía ningún proyecto firme para reabrir la línea
de sa Pobla por lo que solo se obligó al constructor a hacer una
pared que aguantara el peso del talud de tierra». «Más tarde,
cuando se decidió reabrir la línea SFM requirieron a los
urbanizadores la obra del muro, pero en aquellos momentos la junta
de compensación ya se negó a realizarla porque la urbanización
estaba recepcionada», añade. Por otra parte, el escrito de
reclamación sólo exige que los urbanizadores retornen el muro a la
situación anterior que era sólo un talud de tierra pero mucho mayor
que la actual, cosa que actualmente es imposible. Los urbanizadores
creen que con la obra que han realizado han cumplido con el
convenio.
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