La sentencia desestima la cuestión de inconstitucionalidad
planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo en relación con la Ley 1/1984 de Ordenación y Protección de
Areas Naturales de Interés Especial, y la Ley 8/1985 de declaración
de sa Punta de n'Amer como ANEI.
Como consecuencia de dicha declaración, dos particulares
presentaron un recurso contencioso-administrativo por la presunta
denegación, mediante silencio, de la reclamación de indemnización
que solicitaron a la Comunitat Autònoma por los perjuicios
ocasionados por el cambio de calificación de los terrenos
afectados. Tras ser desestimado, interpusieron un recurso de
casación ante el Supremo, que decidió plantear la cuestión de
inconstitucionalidad respecto de ambas leyes.
En primer lugar, el Supremo planteaba que las leyes podían
infringir el orden constitucional de distribución de competencias
y, por tanto, vulnerar varios artículos de la Constitución y del
Estatuto de Autonomía. Fundamentaba además la duda de
inconstitucionalidad en la posible vulneración de determinados
derechos constitucionales al no contener las leyes ninguna
referencia a la obligación de indemnizar a los particulares por las
lesiones patrimoniales que pudieran derivarse.
El Parlament manifestó en sus alegaciones que ambas leyes
estaban derogadas, al estar vigente en la actualidad la Ley de
Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Àreas de
Especial Protección de Balears, aunque diversas sentencias del TC
declaran que el hecho de que la norma cuestionada no esté en vigor
no priva de contenido a la cuestión de inconstitucionalidad, al
contrario de lo que sucede con el recurso.
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