Las dos agrupaciones políticas que forman equipo de gobierno en
Santa Margalida, PP y Can Picafort Unit (CPU), mostraron cierto
distanciamiento en la última sesión plenaria celebrada el lunes en
la localidad. Los votos favorables de los concejales canpicaforters
permitieron que la mayoría de mociones presentadas por la
oposición, integrada por PSOE y UM, fueran aprobadas. Así, CPU
aceptó, con su abstención, una moción de urgencia presentada por el
PSOE en la que se solicitaba al pleno de la Corporación que
determinadas competencias del pleno delegadas en la Comisión de
Gobierno regresaran a la soberanía plenaria.
Los socialistas ya anunciaron que harían esta petición tras la
concesión, aprobada en Comisión de Gobierno, del servicio de playas
a la empresa que presentaba la segunda mejor oferta, en lugar de a
la primera. Ahora, algunas de las competencias, como las referidas
a subastas, contrataciones, adjudicación de obras y de personal,
deberán regresar de nuevo a la potestad del pleno.
La abstención de los ediles de Can Picafort Unit fue bien
recibida por los socialistas. «El resultado iba a ser el mismo
tanto si votaban a favor como si se abstenían», manifestó el
portavoz de los socialistas, Miquel Cifre. Pero hubo más
desmarques. CPU votó a favor de una moción de UM en la que
solicitaba al Consell de Mallorca que revocara una sanción por
infracción urbanística «porque era culpa del mal asesoramiento del
Ajuntament» y pedía al alcalde a que cesara al asesor. A pesar de
la aprobación, el alcalde, Antoni del Olmo (PP), señaló que el
asesor continuará ejerciendo el cargo ya que «todo el mundo puede
equivocarse y el pleno no tiene competencia para cesarlo».
Y los desmarques prosiguieron cuando CPU aportó su voto
favorable a una moción de los nacionalistas consistente en que el
edil de UM Joan Monjo sea el encargado de hacer las gestiones
necesarias para aclarar la situación jurídica de la obra ubicada en
el solar del cuartel de la Guardia Civil. El otro concejal de UM,
Jaume Ribot, acusó durante el pleno al equipo de gobierno de
«cobrar un millón de pesetas como comisión por la compra de una
máquina de barrer para el municipio». «Uno o dos ediles se han
quedado con el dinero que debe de ser devuelto al pueblo. Si no lo
devuelven, llevaré el caso a los juzgados», mantuvo. El alcalde
calificó de «inapropiada» la acusación, por no concretar nada.
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