Un informe redactado por el jefe de la Sección Jurídica
Administrativa del Àrea de Urbanismo del Consell, Jaume Munar
Fullana, a instancias del Partido Popular, pone de manifiesto que
el organismo insular no tiene capacidad legal para autorizar el
sistema de programación o temporalizador de licencias de obras. «El
debate suscitado encontraría una mejor acogida en el seno del
Parlament de les Illes Balears, institución competente para la
introducción de cualquier modificación en el vigente régimen legal
regulador de la materia», asegura el informe.
En base a este estudio, el Partido Popular presentará una moción
al pleno del Consell para que se posicione en contra de la
aplicación del sistema de cuotas para la concesión de licencias
municipales, según anunció ayer Jaume Font, portavoz del grupo
popular en la institución insular. La moción no sólo se refiere a
la problemática expresa del municipio de Calvià sino a todas las
posibles cuotas que se puedan implantar. El estudio de los
servicios jurídicos del organismo insular coincide con el Consell
Consultiu en que «la implantación de un sistema de cuotas sería
posible desde la óptica de una modificación de una norma legal de
forma específica». «En este informe "explicó Font" queda claro para
aplicar las cuotas se tienen que modificar leyes de rango
superior».
El grupo popular tuvo conocimiento de este informe el pasado
viernes y no será posible elevarlo al pleno del lunes, por lo que
no podrá tratarse hasta septiembre. «Estamos en contra de la
programación de licencias porque no está claro cuál será el sistema
de aplicación ni a quién le tocaría primero. Hay que tener en
cuenta que se habla de viviendas unifamiliares y con este sistema
no te pueden decir cuántos meses pueden pasar hasta que puedas
construir. Esto significa cargarse la ilusión».
La Comissió Insular d'Urbanisme debe tratar antes de finalizar
este mes la aplicación de los cupos en Calvià. El Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de este municipio se aprobó de forma
definitiva en julio de 2000, pero quedó fuera la programación de
licencias que sigue sin contar con el visto bueno del Consell.
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