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EFE/C.R.G. «El Ajuntament de Deià ha fracasado en el intento de evitar la demolición de los chalets ilegales de Llucalcari». Así lo indica el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), entidad conservacionista que, en 1990, inicio el contencioso que ha concluido con el auto del Tribunal Superior de Justicia que obliga al Ajuntament de Deià a derribar los cuatro chalets situados en la finca de Can Simó de Llucalcari, cuyas licencias se consideran ilegales. El GOB recuerda que el derribo deberá llevarse a cabo antes de un mes, a pesar de que el Ajuntament de Deià pretendía evitar la demolición al alegar la aprobación de un Plan Especial de Protección que diera cobertura legal a los inmuebles afectados por la decisión del TSJB.

La asociación ecologista explica así que la pretensión municipal de conseguir «in extremis» la legalización de las licencias de las casas «no tiene ningún sentido» después de las diferentes sentencias del Tribunal Supremo y el TSJB favorables al derribo. En 1985, la Serra de Tramuntana fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), año en el año en que entró en vigor la Ley del Patrimonio Histórico Español.

Fue en ese mismo año cuando se produjo la parcelación de la finca de Can Simó en Llucalcari, que permitió la creación de cuatro parcelas y la «rápida» solicitud de las licencias para edificar. Entre 1986 y 1988, el Ajuntament proporcionó las cuatro licencias de obras.