Axell Ball, administrador de uno de los chalets ilegales de
Llucalcari, anuncio ayer que los propietarios de las viviendas
afectadas por la orden del derribo del Tribunal Superior de
Justicia están dispuestos a denunciar decenas de construcciones de
la Serra que han cometido la misma ilegalidad que ellos. Ball, que
representa a una sociedad española que gestiona uno de los chalets,
indicó que en la Serra hay numerosas viviendas que han infringido
la ley de patrimonio español, de 1985, y se han construido después
de que la sierra se declarara Bien de Interés Cultural (BIC), «pero
el GOB decidió denunciar sólo a cuatro». «Lo que ha ocurrido es
absurdo porque los propietarios tenían sus licencias para
construir.
Ahora, después de 15 años, tenemos que demoler por una
equivocación de la Administración», aseguró indignado Axell Ball,
quien añadió que el Consistorio redactó un Plan Especial de
Protección del municipio para legalizar las obras. El administrador
de uno de los chalets asegura que, en este caso, los propietarios
«son las víctimas y la única solución que queda es denunciar por
los menos 100 casos similares al nuestro».
«El GOB eligió estos cuatro chalets, pero ni tan siquiera son
los más bonitos de la zona». Es injusto y crea una gran inseguridad
entre los propietarios de la zona». Esta semana un auto del TSJB
ordena la demolición en el plazo de un mes de los cuatro chalets
ilegales construidos en los años 80. En 1985 se produce la
parcelación de Can Simó y entre 1986 y 1987, el Ajuntament de Deià
otorgó la licencia para construir los cuatro chalets. El GOB
presentó todo tipo de recursos en 1990.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.