La asociación ecologista GOB solicitará al Govern de les Illes
Balears que reforme la Ley General Turística para evitar que se den
más casos como el sucedido en la demolición y posterior ampliación
hacia una península boscosa del complejo turístico Robinson Club de
Cala Serena. Los promotores han dado de baja las 325 plazas que
tenía el hotel, construido en 1973, y amparándose en el artículo 51
de esta ley aprobada por el último Ejecutivo conservador en 1999,
abrirán un nuevo complejo con 525 plazas.
El GOB considera que la ley debe ser reformada y no permitir que
se puedan construir más plazas turísticas que las dadas de baja. En
el caso del Robinson Club, el portavoz del GOB, Miquel Àngel March,
afirmó que se han amparado en una ley «nefasta» puesto que han
aplicado «una ecuación perversa». March explicó que, según ley, si
el hotel cumple una serie de requisitos puede incrementar el número
de plazas. Así, por cada una de las cien primeras plazas dadas de
baja obtiene otra plaza adicional; por las cien segundas tiene
otras 75 y desde la 200 a las 300 dadas de baja tiene 150 plazas
más.
Sin embargo, el GOB impugnará las autorizaciones previas
concedidas por la Conselleria de Turisme porque de los requisitos
exigidos para poder incrementar el número de plazas, el proyecto
del Robinson Club sólo cumple, según el GOB, el aumento de calidad
(pasará de tener tres a cuatro estrellas). Por contra, incumple
tres condiciones: el respeto con el medio ambiente, puesto que «se
está arrasando un pinar»; se incrementa el número de plazas con los
mismos metros cuadrados y, por último, el hotel debe estar en un
municipio que sufra «una regresión económica y esto es evidente que
no es así». Al margen de temas legales, March afirmó: «Es una
barbaridad que en 2001 se arrase la vegetación y se consuma la
única zona sin edificar en diez kilómetros con la complicidad de la
Administración».
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