Los servicios jurídicos de la Conselleria d'Obres Públiques del
Govern estudiarán qué puede hacerse ante el incumplimiento, por
parte del Ajuntament d'Inca, del cupo de viviendas anuales fijado
en su moratoria para esta ciudad.
El director general d'Ordenació del Territori, Manuel Cabellos,
explicó ayer que «desconocía todavía el contenido de la posible
infracción», pero que los servicios jurídicos de la Conselleria
estudiaban la peculiar interpretación de la norma cautelar que
realizó el área de Urbanismo del Ajuntament inquer.
Los grupos de la oposición, PSOE, PSM e Independents d'Inca,
criticaron duramente que el área de Urbanismo haya superado en 183
viviendas el cupo fijado por el Govern. Portavoces de las tres
agrupaciones coincidieron en señalar que «el PP cree que puede
utilizar la mayoría absoluta para hacer lo que le da la gana». La
portavoz del PSM, Francisca Vives, calificó de «preocupante» que su
grupo solicitara hace meses un listado con las licencias de obras y
actividades pendientes «para saber si se sigue un orden a la hora
de concederlas o no, ya que tememos que la mayoría municipal no
trate a todos los ciudadanos por igual», y no contesten.
El portavoz independiente, Àngel Garcia, dijo: «No sólo se ha
incumplido la moratoria otorgando licencias que no se podían dar,
sino que no se han dado otras licencias anteriores que sí podían
concederse y están colgadas».
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