El ex alcalde Jaume Tomás, durante el juicio en la Audiencia de Palma. Foto: J.F.M.

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J. F. MESTRE El fiscal José Díaz, que reclama para cada acusado una condena de casi nueve años de inhabilitación, dedicó más de una hora y media para determinar la actuación delictiva de los políticos municipales. El fiscal criticó con dureza que el Ajuntament, «con la excusa de que se trataban de urgencias», concediera obras directamente a un concejal, y que permitiera que otro edil condujera durante años el camión de la basura. Díaz recordó que los concejales no pueden recibir encargos de trabajos municipales, y afirmó que en el Ajuntament de Banyalbufar se concedieran las obras directamente «sin concursos ni proyectos». El fiscal consideró que los concejales habían «degradado» la actuación política al cometer todas estas irregularidades.

El abogado Ignasi Ribas, que representa la acusación particular en nombre del Ajuntament de Banyalbufar, también denunció la política de concesión de obras que mantenía el anterior equipo de gobierno popular. «No sólo se concedieron obras menores, algunas eran importantes», señaló el acusador.

Por su parte, los abogados defensores Juan Luis Matas y Eduardo Valdivia se defendieron con dureza de las acusaciones del fiscal, e intentaron convencer al tribunal de que el artículo del delito que imputa la acusación ha sido derogado en el nuevo Código Penal. Matas, que defiende al ex alcalde Jaume Tomàs y a los ex concejales Miquel Tomás y Miquel Bujosa, todos del PP, sostuvo que ninguno de sus clientes se ha enriquecido en su participación política, y recordó que en estos momentos el Ajuntament actual «sigue concediendo obras directamente al constructor».

El letrado defendió que las decisiones de sus clientes siempre tuvieron un mismo objetivo: «Levantar el pueblo». Matas, en este sentido, sostuvo que ninguna actuación de los tres políticos ha «provocado perjuicio alguno a los vecinos de Banyalbufar».

La defensa: ¿Es tan injusto lo que han hecho?
¿Es tan injusto lo que han hecho? Esta pregunta la formuló el abogado Matas, que defiende a los tres políticos del PP, para sostener que su única intención fue la de tomar decisiones que beneficiaran a los vecinos de Banyalbufar. El letrado se mostró crítico con la acusación, que pretende que los acusados devuelvan al Ajuntament el dinero que han cobrado por los trabajos realizados. «El Ajuntament pretende que los ediles paguen de su bolsillos las obras municipales que se hicieron o la recogida de basuras. Esto sí que es un desprecio a la política». Matas recordó, como ejemplo, que el concejal Bujosa cobró seis millones por recoger la basura durante cinco años, y que este servicio ahora cuesta seis millones cada año.