La sentencia judicial que condena al Ajuntament a cerrar las
dependencias de la policía por carecer de licencia y a indemnizar
por problemas de ruido a un vecino del local es de las más
importantes dictadas en Balears en materia de ruidos y derechos
fundamentales del ciudadano. El abogado del vecino afectado, Josep
Alonso, dijo no conocer ninguna otra sentencia ni del Tribunal
Supremos ni de otros Tribunales Superiores que fijen una
indemnización similar a la fijada en el caso de su cliente. Alonso
explicó ayer a Ultima Hora que el caso de la
familia Lozano es el mismo que el de miles de ciudadanos que
padecen molestias por ruidos y, en este sentido, recordó los
problemas registrados en la Lonja de Palma.
Asimismo, puso de manifiesto las causas que provocaron que su
cliente, Francisco Lozano, acudiera a los Tribunales para
solucionar los problemas de ruido que sufre su familia hace años.
En este sentido, el abogado destacó que «mi cliente tuvo una
paciencia extraordinaria pero la inactividad total y absoluta del
Ajuntament para tratar de solucionar su problema le obligaron a
recurrir a la justicia». Por otra parte, lamentó que desde el
Ajuntament se plantee apelar la sentencia en lugar de tratar de
solucionar cuanto antes un problema que, ha quedado demostrado,
lesiona los derechos fundamentales de un vecino.
El regidor de policía, Joan Deus (PP), manifestó que «hablar de
cerrar las dependencias es muy delicado». Deus dijo que técnicos y
abogados municipales están estudiando el problema y la manera de
adecuar el local de forma que deje de provocar problemas de ruido
al vecino y se le pueda otorgar licencia de actividad. El regidor
de policía también recordó que la intención del Ajuntament es
recurrir la sentencia y aseguró que está previsto que el alcalde se
reúna hoy con los técnicos y abogados municipales para buscar
solución al problema.
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