El comandante Manuel Rivas Delgado, delegado en Balears del
Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas ha remitido al
Ajuntament de Sóller un escrito en el cual se exige que una
documentación que le envió el negociado de Obras y Urbanismo sea
«rectificada» por el hecho de haber sido enviada en «el idioma de
la comunidad autonoma». En el escrito, en un tono categórico, el
comandante recuerda al Ajuntament que el mencionado instituto «es
un organismo autónomo que pertenece al Ministerio de Defensa para
el cual subsiste la obligatoriedad por parte de todas las entidades
y ayuntamientos pertenecientes a las comunidades autónomas de
dirigirse al organismo en el único idioma oficial, que es el
castellano (sic).
Por todo eso, el comandante comunica el retorno del mencionado
escrito y anexos redactados en catalán para que se «rectifiquen»
conforme al párrafo anterior. La mencionada carta del Instituto de
la Vivienda de las Fuerzas Armadas de Palma va dirigida al
negociado de Obras y Urbanismo de Sóller a causa de una serie de
intercambios de documentación que mantienen sobre diversas
propiedades de Defensa en el Valle. Ha sido el concejal de Cultura,
Guillar Bernat, el que lo ha dado a conocer, a la vez que ha
manifestado su «indignación por la prepotencia» con la cual ha
actuado el mencionado «Instituto», por «la falta de sensibilidad
para con la lengua del país y por el poco respeto hacia la
cooficialidad del catalán en Balears, más grave todavía si se tiene
en cuenta que se trata de una delegación en las Illes».
Por su parte fuentes de la Conselleria d'Educació i Cultura, han
manifestado que lo que puede exigirse desde Defensa es que se
acompañe una traducción de la documentación, traducción que
normalmente no suele ir firmada para dar más importancia al
documento original que está escrito en la lengua con la cual
trabaja el Ajuntament, que en el caso del de Sóller es el catalán
por estar totalmente normalizado.
La exigencia intransigente de un organismo de Defensa, que tiene
su sede en Palma, que toda la documentación le sea remitida en
castellano por «obligatoriedad» contrasta con el hecho de que el
mismo Ministerio consintiera la permanencia de escudos
anticonstitucionales en edificios públicos. En el caso de Sóller
hay un buen ejemplo con la popularmente llamada «gallina» de la
base, un escudo del Ejército franquista que continúa presidiendo el
puerto del Plan de Excelencia con total impunidad sin que hasta
ahora se haya hecho ningún caso a las reiteradas peticiones de
retirada.
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