La jornada de ayer fue frenética por todo lo que hace referencia a
Majórica. El futuro de la industria vuelve a ser más incierto que
nunca, pendiente de la inyección de capital por parte de los
accionistas. El Govern de les Illes Balears condiciona la
aportación de un aval de 4'21 millones de euros a Majórica a la
disposición de un capital por parte de los propietarios de 12
millones de euros. La condonación del banco de un 50% de la deuda
contraída por la empresa también es una de las condiciones del
Ejecutivo autonómico.
Esta propuesta decepcionó, desanimó e indignó a los trabajadores
de fábrica y tienda, que ayer a las ocho de la tarde recibieron la
noticia a través de los portavoces de los comités, los cuales
advirtieron de promover movilizaciones más virulentas.
La intención del Govern se deriva de la conclusión de un informe
técnico sobre el plan de viabilidad presentado por Majórica al
Ejecutivo. Así, la empresa tiene que añadir nueve millones de euros
más a los tres que en un principio anunció que ofrecería.
Bajo las órdenes de un estricto secretismo, el vicepresidente
Sampol, acompañado de los consellers d'Hisenda, Treball y
Presidència, mantuvo ayer por la tarde dos reuniones seguidas; una
con los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras y, la segunda, con
los tres comités (fábrica, tienda y joyas) y los sindicatos. El
objetivo era presentar las conclusiones del informe económico
elaborado por un auditor independiente sobre el plan de viabilidad
presentado por Majórica.
Las conclusiones desmontan la intención de la empresa de
inyectar tres millones de euros para reflotarla, cantidad del todo
insuficiente y que sólo sirve para pagar las prejubilaciones, los
despidos y asegurar la subsistencia de la industria por un periodo
de diez a doce meses, según del Govern.
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