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El regidor de Hacienda en el Ajuntament de Santanyí, Sebastià Obrador (CMS), no podrá legalizar la construcción realizada en suelo rústico de s'Alqueria Blanca, obra que disponía tan sólo de una licencia de obra menor. Estas obras están paralizadas y tienen abierto un expediente de infracción urbanística por parte del alcalde de Santanyí, Miquel Vidal (PP). Un informe del arquitecto municipal determina que la legalización pasa por demoler parcialmente la construcción existente.

El proyecto de legalización presentado por Sebastià Obrador aporta por primera vez los planos de la construcción realizados «a posteriori». Consta de sótano, planta baja y dos pisos. En el sótano se encuentra el forjado, un pozo y la sala de máquinas, ocupando 60'25 metros cuadrados. La planta baja tiene 180'46 m2 más dos porches de 24'81 m2. El primer piso tiene una superficie de 84'48 m2 y el segundo piso, que es la torre, dice el proyecto que es ilegalizable y se prevé su demolición. Esta documentación se presentó en el Ajuntament de Santanyí a finales de enero de 2002, cuando se terminaba el plazo de dos meses más la prórroga de un mes que le había concedido el Ajuntament.

A partir de la presentación de esta documentación, el alcalde de Santanyí dispone de tres meses para conceder o denegar la licencia de obras. En caso de no actuar, el expediente podría pasar al Consell de Mallorca. Si el Ajuntament deniega la licencia de obras debe reabrir el expediente de infracción urbanística que tiene que acabar forzosamente con la demolición de la construcción ilegal.

Sebastià Obrador pretende legalizar su mansión acogiéndose a la disposición transitoria segunda, de la Ley de Suelo Rústico , que contempla que las viviendas construidas en suelo rústico, contando con todas las autorizaciones que hubieran agotado sus parámetros urbanísticos, se podrán ampliar hasta un máximo de 450 metros cuadrados. La casa del regidor no se puede acoger a esta normativa porque la construcción que no era una vivienda ni se realizó con licencia de obras.