TW
0
M. VÀZQUEZ La reciente sentencia firmada por el juez Ramon Gorbs estima parcialmente el recurso interpuesto por un grupo de vecinos de sa Roca Rotja, que anteriormente habían solicitado al Ajuntament de Sóller el cierre del almacén de material de construcción de la cooperativa Suliar a causa de las molestias que esta actividad causa a los residentes en una zona catalogada como suelo rústico. En el fallo, el magistrado ordena expresamente el cierre del establecimiento y el cese de la actividad, a la vez que impone la integridad de los costes del proceso a la Administración demandada, en este caso el Consistorio solleric.

Asimismo, el juez critica con dureza al Ajuntament por adoptar una «cómoda posición de permisividad» «indigna de una Corporación obligada constitucionalmente a servir los intereses generales». La sentencia también recuerda irregularidades en la concesión de la licencia municipal de principios de los años 90 porque las construcciones ya existían desde los años 60 y los permisos existentes fueron dados en su día en base a unas actividades distintas a las actuales.

El alcalde en funciones, Guillem Bernat (Socias está de viaje), ha apuntado a este periódico que los técnicos municipales estudian la sentencia que posiblemente será recurrida en apelación. El primer teniente de alcalde asegura que «el Ajuntament ha hecho todo cuanto ha estado en sus manos para acatar» autos y sentencias anteriores y que «no tiene medios suficientes» para controlar estos casos. Asimismo, Bernat consideró «injusto» que la sentencia obligue al Ajuntament de Sóller a pagar los costes procesales.