La reciente sentencia firmada por el juez Ramon Gorbs estima
parcialmente el recurso interpuesto por un grupo de vecinos de sa
Roca Rotja, que anteriormente habían solicitado al Ajuntament de
Sóller el cierre del almacén de material de construcción de la
cooperativa Suliar a causa de las molestias que esta actividad
causa a los residentes en una zona catalogada como suelo rústico.
En el fallo, el magistrado ordena expresamente el cierre del
establecimiento y el cese de la actividad, a la vez que impone la
integridad de los costes del proceso a la Administración demandada,
en este caso el Consistorio solleric.
Asimismo, el juez critica con dureza al Ajuntament por adoptar
una «cómoda posición de permisividad» «indigna de una Corporación
obligada constitucionalmente a servir los intereses generales». La
sentencia también recuerda irregularidades en la concesión de la
licencia municipal de principios de los años 90 porque las
construcciones ya existían desde los años 60 y los permisos
existentes fueron dados en su día en base a unas actividades
distintas a las actuales.
El alcalde en funciones, Guillem Bernat (Socias está de viaje),
ha apuntado a este periódico que los técnicos municipales estudian
la sentencia que posiblemente será recurrida en apelación. El
primer teniente de alcalde asegura que «el Ajuntament ha hecho todo
cuanto ha estado en sus manos para acatar» autos y sentencias
anteriores y que «no tiene medios suficientes» para controlar estos
casos. Asimismo, Bernat consideró «injusto» que la sentencia
obligue al Ajuntament de Sóller a pagar los costes procesales.
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