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T. OBRADOR / M. FUSTER Los 67 polémicos apartamentos de Torre Marina de ses Covetes siguen ahí, pero poco a poco la Justicia está decantando la balanza a favor de ecologistas y nacionalistas, y la demolición del conjunto residencial puede que esté cerca. Una nueva sentencia, esta vez del Tribunal Supremo, ha dado la razón al GOB y PSM cuando éstos recurrieron la licencia de obra concedida a la promotora en 1992. El Ajuntament de Campos entendía que el recurso estaba presentado fuera del plazo de tiempo establecido, consideración no aceptada por el Supremo, que impone los costes procesales a los recurrentes, el Consistorio campaner.

De esta forma, el litigio de ses Covetes suma una nueva resolución que no favorece a los conservadores. Sin embargo, el alcalde de Campos, el popular Andreu Prohens, manifestó ayer a Ultima Hora : «Esta cuestión ya estaba resuelta. La Justicia siempre actúa tarde, pero esta sentencia no tiene ninguna repercusión. Estamos igual que antes».

Sobre la licencia otorgada por el Consistorio a Terrusan, primera empresa promotora (después la relevó Marina Ernst), el batle campaner reiteró que la tramitación «fue del todo correcta». El expediente todavía incluye el aval depositado por el GOB y PSM de 120.202'42 euros que impidió la reanudación de las obras de cimentación. Una sentencia precedente a ésta ratificó la preservación de la zona, confirmando una vez más la protección de una franja de 100 metros que establece el deslinde.