La querella presentada por el abogado Carlos Rey en representación
de la promotora catalana HPT Instal a finales del pasado febrero
fue admitida a trámite y está siendo instruida por el magistrado
Miquel Florit, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma. Los
dos querellados, Jorge Herrero y Margarita Nájera, ya han prestado
declaración ante el juez. La querella arranca de las diferencias
que mantienen el Ajuntament de Calvià y la promotora sobre una
promoción de 59 apartamentos, prácticamente concluida, en la
primera línea de mar de Nova Santa Ponça.
HPT Instal adquirió el solar en enero de 1999, que disponía de
una licencia para construir 59 viviendas. Este permiso de obras
estaba integrado en un convenio urbanístico suscrito unos meses
atrás entre el Ajuntament y las anteriores propietarias (Terrazas
de Mallorca y Cotusa), con las que había mantenido varios pleitos
litigios. La querellante recuerda que dos solares vecinos (O-12 y
O-13) debían quedar como zona verde y deportiva de uso privado pero
que «nadie puso de manifiesto» que tuviera que comprar estos
terrenos. Según la querella, el Ajuntament propuso al promotor la
posibilidad de edificar los solares O-12 y O-13 «a cambio de
construir un campo de fútbol a su costa». La normativa urbanística
imposibilitaba cualquier licencia y el promotor desestimó la
propuesta.
Acto seguido, siempre según la querella, dos celadores
inspeccionaron y denunciaron las obras. Herrero solicitó una
reunión con el promotor, a quien exigió «firmar un convenio
comprometiéndose a construir el campo de fútbol... en caso
contrario se paralizarían las obras». HPT Instal accedió a
suscribir otro convenio «dado que el perjuicio que la paralización
de las obras le hubiera causado hubiera sido mucho mayor». Cuando
en octubre de 2000 sólo faltaba ejecutar el 5% de la obra, el
Ajuntament volvió a ordenar su paralización aduciendo el
incumplimiento del convenio (firmado por el anterior dueño) que
obligaba a adquirir los solares O-12 y O-13. Según HPT Instal,
«sólo una interpretación torticera» puede llevar a afirmar que esta
sociedad debía adquirir los terrenos. Puestos en contacto con
dueños de las parcelas O-12 y O-13, éstos dijeron desconocer el
convenio y que sus solares no se vendían.
De todo lo expuesto, HPT Instal concluye que el Ajuntament se
limitó en 1999 a «aplazar» el litigio que tenía con Terrazas de
Mallorca «pretendiendo trasladar» las reclamaciones de los
propietarios de los solares O-12 y O-13 a esta sociedad. El letrado
de los querellantes cita que cuando se estaba a punto de entregar
las viviendas a los compradores tuvieron que pagar 200 millones al
Ajuntament para poder acabar las obras. «En definitiva, mi mandante
se vio forzado a ceder de nuevo a la coactiva actuación del
Ajuntament... y firmó un nuevo convenio que le obligaba a reconocer
el incumplimiento del convenio», concluye la querella.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.