La querella interpuesta por el Grupo HPT Instal SL contra la
alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera, y un funcionario municipal
por los presuntos delitos de prevaricación y amenazas condicionales
y/o coacciones explica que esta sociedad se vio forzada a ceder a
la «coactiva actuación del Ajuntament de Calvià» a través de las
personas querelladas y firmó un convenio urbanístico en el que se
le obligaba a «reconocer» el incumplimiento por su parte de un
convenio anterior «y a pagar 200 millones de pesetas que, por
carecer de dicha cantidad, ha tenido que avalar bancariamente».
En el texto de la querella presentada a finales de febrero, se
deja constancia de que «para poder dejar constancia de que firmaba
absolutamente coaccionado», HPT Instal «dejó depositado en sobre
cerrado, ante el notario Rafael Gil de Mendoza, un escrito
exponiendo las razones por las que se veía obligado afirmar el
convenio».
Asimismo, HPT Instal informó al juez instructor que estando a
punto de expirar el plazo concedido por el Ajuntament para pagar
los 200 millones de pesetas y al no estar dispuesto el querellante
a efectuar dicho pago «que considera fruto de un delito», solicitó
que se oficiara a la máxima urgencia a la Caja de Ahorros Sa Nostra
para que paralizara el aval que garantizaba a la Administración
local el cobro de los 200 millones.
El conflicto entre HPT Instal y el Ajuntament surgió a raíz de
una promoción inmobiliaria en la primera línea de la urbanización
Nova Santa Ponça. La promotora HPT adquirió el solar edificable a
Terrazas de Mallorca a principios de 1999. Un mes después se
modificó el convenio suscrito dos meses antes entre Ajuntament y
Terrazas de Mallorca y Cotusa, que afectaba a esta parcela.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.