Los empleados de la empresa perlera, concentrados con pancartas en la puerta de los juzgados. Foto: C. VENY/C. MORENO

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CARME MORENO/CATERINA VENY Unos trescientos trabajadores de la empresa perlera Majórica tomaron ayer los juzgados de la ciudad de Manacor. Los empleados de la industria se concentraron ante los juzgados con la intención de entregar un manifiesto y hacer una sentada pacífica dentro del edificio para denunciar la actitud de los interventores judiciales.

Los trabajadores se concentraron primero en la sede de Majórica. Pasadas las nueve de la mañana, los manifestantes partieron hacia el Palacio de Justicia con carteles reivindicativos con la cara de José Arozamena y escritos como: «Esteim farts de tantes mentides», «Ets pitjor que Bin Laden», «Arozamena cabró, ets un lladre». Durante todo el recorrido, los manifestantes entonaron canciones populares adaptadas con letra de trasfondo crítico.

Aproximadamente a las diez de la mañana, los trabajadores de los tres centros de trabajo "fábrica, joyas y tienda" se concentraron delante de la puerta del edificio, pero tres agentes de la Policía Nacional custodiaron, en todo momento, la puerta principal de entrada a los juzgados de Manacor.

Con gritos y un forcejeo, los manifestantes presionaron para entrar. Finalmente, los empleados tomaron los juzgados por la puerta posterior. Una vez dentro, los presidentes de los tres comités "joyas, fábrica y tienda" exigieron reunirse con la titular del juzgado número dos de Manacor, Beatriz Martínez Rodríguez.

Durante el encuentro que duró algo más de una hora, el presidente del comité de joyas, José Luis Fernández, y la presidenta del comité de fábrica, Catalina Roig, informaron a la juez Martínez sobre la cláusula de descuelgue que se ha aplicado fuera de plazo. En este sentido, los representantes le explicaron que «este año, los trabajadores del sector de perlas han vivido una congelación salarial del 3%, mientras que en el sector de joyas ha sido del 2%».

Según informaron los representantes, «la juez se ha comprometido a hablar con los interventores judiciales sobre la congelación salarial».