El alcalde de Calvià, Carlos Delgado, y su familia exigieron ayer
en el juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 5
de Palma ser indemnizados con 81.000 euros, aproximadamente, por
los integrantes del Grupo Socialista -Antonio Manchado, Neus
Pacheco y Joana Maria Coll-, por el daño moral y perjuicios
sufridos, según afirman, tras las declaraciones de esos concejales
de que habían «intereses urbanísticos» en la venta de los terrenos
del antiguo fortín de Illetes a ciudadanos ingleses. Los 81.000
euros de indemnización corresponden a la multiplicación de los
9.000 euros que exigen cada uno de los nueve miembros de la familia
Delgado Truyols.
Carlos Delgado y su familia, defendidos por los letrados Rafael
Perera y Raimundo Zaforteza, respectivamente, habían demandado a
Manchado, Pacheco y Coll, representados en el juicio por el letrado
Manuel Pomar, por la comisión del supuesto delito de intromisión en
el honor, a su juicio, tras las declaraciones vertidas en el
transcurso de una rueda de prensa. Los socialistas calificaron de
«legal, pero inmoral en la forma y fondo», la venta de los terrenos
por cuatro millones de euros. El fuerte de Illetes había estado
catalogado durante mucho tiempo como instalación militar, pero en
el nuevo Plan General de Ordenación Urbana figura ya con
equipamiento cultural, así que cualquier cambio de uso requeriría
una modificación del PGOU. El PSOE quiso adquirirlo con fondos de
la ecotasa.
Delgado, en su momento, calificó de «intolerables» las
declaraciones de Manchado, Pacheco y Coll, quienes aseguraron que
había «intereses urbanísticos» tras venta. «Nunca se me ha pasado
por la cabeza recalificar los terrenos», reiteró el alcalde, quien
indicó que desconocía las prescripciones del Plan General sobre el
fortín. En la vista del juicio celebrado ayer, los socialistas no
se retractaron, como exigían los denunciantes, e insistieron en que
su deber era el de denunciar posibles irregularidades en el proceso
siguiente a la venta de los terrenos. La tesis de los denunciados,
asimismo, se vio reforzada ante la postura adoptada por la fiscal,
que pidió al juez que desestimara la demanda interpuesta por el
alcalde de Calvià y su familia. El juicio, tras las declaraciones
de las partes personadas, quedó visto para sentencia.
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