Pedro J. Ramírez no ha entregado todavía el plan para regularizar
el uso público y gratuito de la piscina que gestiona en la Costa
dels Pins en nombre de la concesionaria oficial, Giuliana
Arioli.
El director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente
ha reconocido al diputado de Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) Joan Puig que, aunque se ha agotado el plazo concedido al
compañero sentimental de Agatha Ruiz de la Prada, se le ha otorgado
un tiempo extra.
Según el director general de Costas, esta medida de gracia se
justificaría porque el compañero de la diseñadora ha pedido
adjuntar al proyecto de la piscina un informe del Ministerio de
Interior.
Joan Puig considera que se ha reiterado el trato de privilegio
al periodista, y anuncia que la semana que ahora se inicia hará una
petición en el Congreso de los Diputados para que la ministra
Cristina Narbona comparezca ante la Cámara.
Asimismo, Puig sospecha que el gestor de la piscina pública y
gratuita concedida a Giuliana Arioli intentará burlar el
cumplimiento de la Ley de Costas con apelaciones a su seguridad.
Joan Puig se indigna ante esta posibilidad, ya que «la piscina es
la puerta de entrada de su casa, accesible directamente desde el
mar» y, por tanto, motivo fundamental de cualquier inseguridad.
Por otra parte, el diputado de ERC ironiza sobre el hecho de que
la piscina gestionada por la familia «amenazada» haya sido
reiteradamente exhibida en diversas revistas.
El pasado mes de mayo, ante la demanda planteada por el Lobby
per la Independència, el Ministerio de Medio Ambiente acordó dar a
Pedro J. Ramírez un plazo de tres meses para que hiciera efectivo
el uso público de la instalación.
El uso público
La resolución del director general de Costas suspendió el uso
público de la instalación para que el gestor estableciera «la
accesibilidad en la zona, si el uso público tiene que ser gratuito
o no, el periodo en que tendría que estar abierta, además del
horario y del número máximo de personas que podrían
permanecer».
A finales de agosto la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, recordó que Pedro J. tenía la obligación de presentar una
propuesta de accesibilidad y seguridad que garantizara el uso
público. Narbona añadió que «Pedro J. Ramírez ha tenido tres meses
para presentar al Ministerio de Medio Ambiente una propuesta con
medidas para hacer efectivo el uso público de la piscina».
Asimismo, dijo que el Ministerio había rechazado una petición de
uso privado de Ramírez, ya que tal uso no es posible en el dominio
público marítimo terrestre».
A pesar de estas palabras de la titular de Medio Ambiente, la
piscina ha tenido uso privado durante todo el verano y, además, se
ha dado por suspendido el derecho de paso en el tramo ocupado por
la mencionada instalación.
El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Joan Puig
considera que con Pedro J. «el mundo y la legislación se ponen
patas para arriba» para satisfacer los intereses particulares del
periodista.
Según Puig, un intento de transitar por el dominio público se
convierte en un «asalto» y los transeúntes agredidos son acusados
de la comisión de un delito.
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