El alcalde de Artà, Rafel Gili (UM) ordenará en los próximos días
ejecutar una sanción económica de cerca de 50.000 euros por una
infracción urbanística realizada, hace más de cinco años, en una
Àrea Natural de Especial Interés (ANEI), en la zona del Parral en
la Colònia de Sant Pere.
El propietario, Jaume Cabrer, cuñado del regidor de Urbanismo,
Josep Silva (PSOE), pidió una licencia en el 99 para rehabilitar
una casita existente. Tras una inspección realizada meses después,
se detectó que la construcción realizada no se ajustaba a licencia
por lo que se abrió un expediente por la infracción urbanística y
se interpuso una sanción de unos 50.000 euros.
El propietario ha ido presentando una serie de alegaciones. La
última se registró en el Ajuntament anteayer. «Los técnicos han
valorado esta situación y me han comentado que la propiedad ha
agotado todos los plazos. Por tanto, no queda más remedio que
ejecutar la sanción y pedir que se intervengan las cuentas del
propietario. Este es un expediente que se arrastra de la
legislatura pasada. Yo ya me encontré con él y mi responsabilidad
es pedir que se ejecute».
El curso que ha seguido esta infracción urbanística no ha estado
exenta de polémica. El pleno también aprobó abrir un expediente de
demolición.
La sanción, además de al propietario, también debería haberse
interpuesto al constructor, la empresa Cabot y Jaume. El año
pasado, a petición de EU-EV, se abrió este expediente pero no pudo
concluirse pues la sociedad se había disuelto.
Asimismo, desaparecieron del área de Urbanismo documentos
relacionados con este caso.
El Ajuntament de Artà, reunido en pleno, aprobó la demolición de
esta construcción realizada en zona protegida por no cumplir la
legalidad. El propietario de esta vivienda solicitó licencia para
reformar una casa existente. Los técnicos han comprobado que el
resultado fue básicamente una edificación nueva. Entonces se
presentaron una serie de alegaciones. Entre ellas, se alegó que
cuando se estaban reformando las paredes, éstas se derrumbaron y,
por ello, tuvo que construirlas de nuevo. Esta alegación no le
valió en absoluto para legalizar la situación. De ahí, que se hayan
abierto los dos expedientes: el de la sanción económica se llevará
a cabo en un plazo breve y el de la demolición, de momento, no se
ha ordenado.
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