A.BASSA07/10/05 0:00
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El alcalde de Artà, Rafel Gili (UM) ordenará en los próximos días ejecutar una sanción económica de cerca de 50.000 euros por una infracción urbanística realizada, hace más de cinco años, en una Àrea Natural de Especial Interés (ANEI), en la zona del Parral en la Colònia de Sant Pere.

El propietario, Jaume Cabrer, cuñado del regidor de Urbanismo, Josep Silva (PSOE), pidió una licencia en el 99 para rehabilitar una casita existente. Tras una inspección realizada meses después, se detectó que la construcción realizada no se ajustaba a licencia por lo que se abrió un expediente por la infracción urbanística y se interpuso una sanción de unos 50.000 euros.

El propietario ha ido presentando una serie de alegaciones. La última se registró en el Ajuntament anteayer. «Los técnicos han valorado esta situación y me han comentado que la propiedad ha agotado todos los plazos. Por tanto, no queda más remedio que ejecutar la sanción y pedir que se intervengan las cuentas del propietario. Este es un expediente que se arrastra de la legislatura pasada. Yo ya me encontré con él y mi responsabilidad es pedir que se ejecute».

El curso que ha seguido esta infracción urbanística no ha estado exenta de polémica. El pleno también aprobó abrir un expediente de demolición.

La sanción, además de al propietario, también debería haberse interpuesto al constructor, la empresa Cabot y Jaume. El año pasado, a petición de EU-EV, se abrió este expediente pero no pudo concluirse pues la sociedad se había disuelto.

Asimismo, desaparecieron del área de Urbanismo documentos relacionados con este caso.

El Ajuntament de Artà, reunido en pleno, aprobó la demolición de esta construcción realizada en zona protegida por no cumplir la legalidad. El propietario de esta vivienda solicitó licencia para reformar una casa existente. Los técnicos han comprobado que el resultado fue básicamente una edificación nueva. Entonces se presentaron una serie de alegaciones. Entre ellas, se alegó que cuando se estaban reformando las paredes, éstas se derrumbaron y, por ello, tuvo que construirlas de nuevo. Esta alegación no le valió en absoluto para legalizar la situación. De ahí, que se hayan abierto los dos expedientes: el de la sanción económica se llevará a cabo en un plazo breve y el de la demolición, de momento, no se ha ordenado.