De hecho, la Delegación del Gobierno apuesta por el uso restrictivo
de la costa porque Ramírez «es un personaje público amenazado por
ETA» y porque «es muy difícil que esta zona se utilice como paso,
ya que no hay continuidad, y la única función sería acceder a la
piscina». Esto permitiría que «los futuros usuarios sean
identificados» para «preservar» la seguridad del «concesionario»,
término con el que es identificado el periodista madrileño. Por lo
que respecta a la servidumbre de tránsito, el informe pide al
Ministerio que «dictamine por dónde debe transcurrir dicho paso,
para que tenga continuidad y no sea un camino sin salidas
posibles».
El Lobby per la Independència ha presentado un recurso ante la Sala
de lo Contencioso del Tribuna Superior de Justícia al entender que
la concesión a la que se aferra Pedro J. Ramírez contraviene la Ley
de Costas. El GOB también ha denunciado ante el Ministerio las
supuestas irregularidades de la concesión, pero pasado un año no ha
obtenido respuesta. El diputado de Esquerra Republicana de
Catalunya Joan Puig, que intentó sin éxito pasar por la zona el
pasado mes de agosto, ha anunciado una rueda de prensa esta mañana
en Palma para abordar éste y otros temas.
El informe dice que «no puede descartarse que vuelvan a
producirse incidentes» como los ocurridos en los meses de agosto de
2004 y 2005, cuando Ramírez negó el derecho de paso a dirigentes
políticos de la izquierda balear y a miembros del Lobby y Gadma.
Este documento de la Delegación del Gobierno fue solicitado por
Ramírez, que pretende regularizar la situación de la piscina de uso
«general, público y gratuito» que hasta ahora ha usufructuado en
exclusiva y para la que, según el informe, «no ha habido una
demanda espontánea, ni de la población del municipio ni de la
población temporal (turistas o veraneantes)».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.