El Ajuntament de Deià acatará la sentencia del Tribunal Supremo que
ordenó hace diez meses la demolición de las casas ilegales
construidas en Llucalcari. El alcalde del municipio, Jaume Crespí,
confirmó ayer a este diario que el Consistorio ya ha recibido la
notificación del juzgado con la sentencia firme.
Pero el alcalde no tiene intención de que las arcas municipales
asuman el derribo y las indemnizaciones que exigirán los
propietarios. Crespí anunció que exigirá a ambas instituciones que
se hagan cargo económicamente de todos gastos. «Y si dicen que no,
presentaremos un recurso contencioso-administrativo», subrayó.
El primer paso que dará ahora el Ajuntament de Deià es la
solicitud de un proyecto de demolición al departamento de
Cooperació Municipal del Consell de Mallorca.
Ebatle popular insistió en que el Ajuntament dio la licencia
para la construcción de los chalets con la autorización vinculante
y preceptiva de la Comissió Insular de Patrimoni.
En los años en que se dieron la licencia -85, 86 y 87-, el
Govern era el responsable de las construcciones en suelo rústico,
competencia que posteriormente se traspasó al Consell.
Recientemente, el grupo ecologista GOB, que durante veinte años
ha pleiteado por la demolición de estas construcciones, instó al
TSJB a tomar medidas penales contra el Ajuntament por no ejecutar
la demolición de los chalets. «El Consistorio de Deià no puede ser
cómplice de intentos de escapar de la acción de la justicia»,
alegaron los conservacionistas.
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