El Grup d'Ornitologia Balear (GOB) pidió ayer a la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona, que haga cumplir la Ley de Costas
a Pedro J. Ramírez.
Argumenta que «a pesar de las evidencias de ilegalidad y de las
irregularidades en la concesión» no tiene «constancia que se hayan
realizado las actuaciones adecuadas para restablecer la legalidad
vigente, que son: la anulación de la concesión, a la vista de su
ilegalidad, y el paso libre por dentro de la servidumbre de
tránsito».
La organización ecologista reclama al Ministerio la nulidad de
la concesión de la polémica piscina y que asegure el derecho de
paso dentro de la servidumbre de tránsito.
El GOB opina que, hasta el momento, Narbona «ha hecho el
ridículo en cuanto a la la piscina de Pedro J. Ramírez».
El GOB recuerda que «desde hace más de un año ha ido
interponiendo escritos y denuncias al considerar que no se cumple
la legalidad, sin que hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente
ni la Demarcación de Costas de las Baleares se hayan dignado a
contestar o, cuando menos, hayan impulsado medidas concretas».
Los ecologistas enumeran las irregularidades que rodean la
piscina que gestiona el periodista madrileño: no hay ninguna
concesión en nombre de Pedro J. Ramírez; la concesión a Giuliana
Arioli es claramente irregular; no se publicó nunca en el BOE; no
se exigió un plano de seguridad; se incumple el artículo 27 de la
Ley de Costas, referido a la servidumbre de tráfico; y no hay
ningún elemento legal que justifique a la concesión de una piscina
dentro del dominio público.
La del Grup d'Ornitologia Balear es hasta el momento la última
reacción que ha provocado la noticia que el periodista ha
presentado un plan de regularización en el ministerio. Pedro J.
pretende que, cuando él no está, la piscina sea utilizada como
recurso didáctico por los escolares de la zona. En contra se han
manifestado el STEI, sindicado mayoritorio en la Educación, el PSM
y EU-EV.
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