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LL. PLANAS
La Sala Segunda del Tribunal Supremo sólo estudiará la posible imputación del diputado de ERC en el Congreso Joan Puig. El juzgado de Manacor deberá continuar con la causa abierta por los hechos del 13 de agosto de 2005 en la Costa dels Pins. Fuentes de la Secretaría de Casos Especiales de esta Sala de lo Penal explicaron ayer que su intervención se restringe, «hasta ahora y en el futuro» y «exclusivamente», a la posible imputación del diputado catalán en su calidad de persona aforada, y a raíz de la querella presentada contra él por Pedro J. Ramírez. El 19 de agosto de 2005, los representantes legales del periodista formularon en el Tribunal Supremo una querella contra Joan Puig después de que éste intentara, junto a otras nueve personas, ejercer el derecho de paso por la zona de dominio público donde se encuentra la piscina que utiliza la familia Ramírez en la Costa dels Pins.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Manacor, Elena Lillo, ha pedido mediante un auto al Supremo que se haga cargo de la instrucción y el enjuiciamiento de todas las diligencias. La magistrada lo justifica por la participación del diputado de ERC en los hechos. Al tratarse de un aforado, tiene que ser el Alto Tribunal quien decida su posible imputación. La jueza entiende que es «imposible» escindir su caso del resto de compañeros de Puig y del personal de seguridad de Pedro J. Ramírez, que mantuvieron un forcejeo por el cual se interpusieron denuncias cruzadas por coacciones y lesiones. «La Sala Segunda sólo estudiará la posible imputación del diputado, y el juzgado de Manacor tendrá que continuar el resto de las diligencias sobre las demás personas», insistieron ayer las fuentes del Tribunal Supremo. «Desde esta Sala sólo se ha pedido a este juzgado de instrucción un testimonio de las diligencias para comprobar si efectivamente hay indicios de criminalidad en la actuación del parlamentario», añadieron.

Tanto los abogados del diputado como del resto de imputados que estaban a su lado el 13 de agosto consideraron que la jueza de Manacor pretende que el Supremo se encargue de todas las diligencias. Por su parte, Joan Puig manifestó ayer su «absoluta tranquilidad» en relación con esta causa. «Yo me limité a ejercer el derecho de paso en una concesión pública y en un espacio público. No hubo ninguna invasión de la propiedad privada», dijo. Sobre su posible imputación y las diligencias practicadas hasta ahora, consideró que «se crea confusión, aunque parece evidente que desde el Juzgado de Instrucción se pretende que sea el Supremo quien decida en conjunto sobre la querella». «Si la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, hubiera hecho cumplir la Ley de Costas en un caso tan claro como éste no habría esta confusión», opina. «Se hace un trato de favor hacia Pedro J. Ramírez porque él ejerce presiones en Madrid». Este periódico intentó que Demarcación de Costas informara ayer sobre la situación legal de la piscina a día de hoy, sin conseguirlo.