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MARTA MEDRANO
El portavoz del PSM en el Parlament, Pere Sampol, recordó ayer los antecedentes de la crisis de Yanko y pidió responsabilidades al Govern por haber concedido al empresario catalán Xavier Camp un aval de tres millones de euros sin haber exigido previamente que los puestos de trabajo se quedaran en Mallorca. «El Govern tendría que explicar porqué en el 2004, cuando el director del Institut d'Innovació Empresarial (IDI), Kurt Vianne concedió a Yanko y a Pielsa un aval bancario de 3 millones de euros, no estableció la obligación de garantizar que los puestos de trabajo se quedarán aquí», y añadió que de este modo el Govern ha ayudado a Camp a «destruir puestos de trabajo». Dijo y explicó que además el plan de viabilidad que presentó Camp cuando adquirió Pielsa en el año 2004 sólo recibió el visto bueno político y no el técnico.

Sampol también advirtió que los administradores concursales de Pielsa, que representan a 200 acreedores, piden al juzgado la anulación de la garantía del IDI sobre las marcas que podría suponer la pérdida de las marcas y de los tres millones de euros por parte del Govern.

La portavoz del PSM en Inca, Francisca Vives, también criticó que el Govern de Matas emplee el IDI y el Consorsi per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears ubicado en Inca como agencia de colocación de gente del PP. «El teniente de alcalde Rafel Torres cobra como delegado comarcal del IDI sin ir a trabajar y los alcaldes de Montuïri y el de Fornalutx hacen lo mismo en el CEDEIB», explicó.