El juez Latorre decreta la libertad con fianza de Hidalgo y de Gibert

La resolución del juez atiende las peticiones de las defensas de Hidalgo y Gibert, ejercidas por los abogados Rafael Perera y Juan Luis Matas, y rechaza de plano el escrito del fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, que solicitaba que ambos imputados siguieran en prisión.

El juez había dictado el auto de prisión de Hidalgo y de Gibert el pasado 30 de noviembre, sin fianza e incomunicada, medida que cambió el 4 de diciembre por la de prisión comunicada, también sin fianza.

En los fundamentos jurídicos, el magistrado Latorre señala que a la hora de resolver el recurso presentado por el abogado de Hidalgo, Rafael Perera, «conviene decir, en primer lugar, que si bien fue adoptada la prisión incondicional comunicada y sin fianza del recurrente cuando ya se habían tomado declaraciones a testigos y efectuado los registros que autorizó el auto de 27 de noviembre de 2006, con la consiguiente aprehensión de numerosa documentación, seguía existiendo el riesgo de que el imputado pudiera actuar destruyendo o dañando determinadas fuentes de prueba».

Añade que «en efecto, el auto que se recurre encuentra su base en los registros ordenados y que se practicaron el día 4 de diciembre de 2006, así como en las declaraciones que debía tomar la Guardia Civil en ese día y próximos posteriores».

Por ello, «los resultados conseguidos y las mencionadas declaraciones podían resultar frustrados si el señor Hidalgo se hallaba en libertad, pues es muy probable que con conocimiento de determinada documentación todavía ignorada para el Juzgado y la Fiscalía, tratara de destruirla, como de hecho quiso hacer con anterioridad, además de actuar frente a determinados testigos en un momento anterior a su toma de manifestación», explica el juez.

Señala que «el comportamiento mantenido por el señor Hidalgo obligaba a extremar la prudencia ante esas diligencias inminentes, a fin de preservarlas para la instrucción del procedimiento judicial mediante la adopción de la resolución recurrida».

El juez explica que el cambio de criterio con respecto a la situación del ex alcalde de Andratx se produce después de que, tras efectuados los registros y las tomas de declaración por la Guardia Civil a partir de las actuaciones del día 4 de diciembre de 2006, «en este momento ya no se aprecia con la misma nitidez el fin que justificó la prisión incondicional del imputado, no siendo lícito para mantener esa medida excepcional que efectivamente quede por realizar mucho camino en la instrucción judicial, puesto que la base de la misma ya está suficientemente constituida».

Y subraya: «El auto recurrido no se planteó como fin propio de la prisión acordada el riesgo de fuga, porque se entendió que podía paliarse ese riesgo con otras medidas menos severas, atendiendo tanto al pleno arraigo del señor Hidalgo en la Isla, el bloqueo que sufre de sus cuentas y productos bancarios y al interés que indudablemente tiene en preparar adecuadamente su defensa, finalidad ésta para la que no le favorece su situación en prisión».

Por todo ello, el juez Latorre acuerda que, para evitar totalmente el riesgo de fuga, (Hidalgo) deberá prestar una fianza de 100.000 euros, pudiendo desbloquear una de sus cuentas bancarias por una sola vez y con el único fin de prestar dicha fianza. Además, una vez en libertad, deberá depositar en el Juzgado el pasaporte y tendrá expresamente prohibido abandonar la isla de Mallorca sin autorización expresa del Juzgado. Igualmente, tendrá que presentarse semanalmente en el Juzgado de Guardia.

Hasta nueva orden
Con respecto a Gibert, el juez Latorre decretó la libertad del celador bajo fianza de 60.000 euros, pero con la advertencia de que no podrá reintegrarse a su puesto de celador municipal «hasta nueva orden». El auto repite, más o menos, los argumentos expuestos por el magistrado para decretar la libertad con fianza de Hidalgo. Señala que «no existiendo ya un fin que legitime la medida cautelar desde la perspectiva del aseguramiento de la prueba, procede establecer medidas alternativas a la prisión para evitar totalmente el riesgo de fuga». Añade que para evitar tal riesgo, deberá (Gibert) prestar el imputado una fianza de 60.000 euros.