La Fiscalía de Balears mantiene sus peticiones de 8 años de cárcel para el actual alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs; de 18 años de prisión para el ex concejal y líder de ASI, Joaquín Rabasco, y de 15 años de privación de libertad para su antigua secretaria y empresaria de espectáculos, María del Amor Aldao, por su presunta concertación para que los dos últimos obtuvieran importantes cantidades de dinero de forma fraudulenta de los fondos municipales entre los años 2000 y 2001. Las defensas de los imputados, entendiendo que no está acreditada la comisión de delito alguno, solicitan la libre absolución de sus patrocinados. El juicio quedó ayer visto para sentencia en sección segunda de la Audiencia de Palma.
En la última sesión de un juicio que, tras casi siete años de instrucción judicial, comenzó en julio pasado y desde entonces sufrió dos aplazamientos para convocar nuevos testigos y por la elevación de penas solicitadas por la Fiscalía, las partes se ratificaron en sus peticiones, con el protagonismo de los alegatos de las defensas, que insistieron en la «acreditada» falta de consistencia penal de la acusación.
La sentencia de esa Sala de lo Penal de la Audiencia, que preside -y de la que es ponente en este caso- el magistrado Juan Catany, debe dirimir si hubo negociaciones prohibidas, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y alzamiento de bienes, en los pagos por valor de algo más de un millón de euros del Ajuntament de Llucmajor a empresas creadas por Aldao, en alguna de las cuales era apoderado Rabasco, encargadas durante ese periodo de la provisión de materiales para fiestas y, sobre todo, de la contratación de artistas en los festejos populares del municipio.
La tesis del Ministerio Público es que Rabasco -concejal de Llucmajor desde 1987-, se habría cobrado el favor político de investir al alcalde Tomàs, del PP, al que apoyaba con sus votos desde 1999, para obtener beneficio monetario de unas empresas creadas ex profeso por Aldao, que operaban sobre todo como suministradoras de eventos artísticos para el Ajuntament de Llucmajor, y cuyos tráficos mercantiles con el Consistorio se habrían hecho en la modalidad de contratación directa y sin publicidad.
Las defensas de Tomàs, Rabasco y Aldao negaron toda conducta delictiva de sus patrocinados, y argumentaron que la Fiscalía ha hecho un relato ficticio de unas relaciones comerciales limpias de Aldao con el Consistorio, en las que ni Rabasco ni Tomàs habrían tomado ninguna actitud que las favoreciera.
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