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FRANCISCO BARRASA
La primera teniente de alcalde de Calvià, la 'popular' Teresa Martorell, dio cuenta ayer de una sentencia del Tribunal Superior de Balears que condena al Ajuntament a pagar a una promotora de la familia Nigorra casi cuatro millones de euros "entre valoración e intereses", por un acuerdo del Ajuntament de Calviá en 1991, liderado por el PSOE, que adjudicó la edificabilidad de dos parcelas de su propiedad a un tercero.

La denuncia se basó en los derechos edificatorios de viviendas de lujo concedidos al promotor Juan Barrachina en primera línea de Nova Santa Ponça, sobre un solar en el que se habían acumulado los derechos de otros dos terrenos adjuntos que finalmente no fueron comprados por la sociedad que obtuvo el permiso de construcción.

Según Martorell, ese fallo «de obligado cumplimiento» hará que el equipo de gobierno «deba priorizar en importantes proyectos municipales para 2009, que se ven condicionados ahora por un pago de tan elevada cuantía».

Martorell informó también de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Palma da por bueno en sentencia el acuerdo de 2005 entre el Ajuntament y la promotora Hábitat Golf Santa Ponça S.L., de la familia Nigorra, para la definitiva recepción municipal de las urbanizaciones Santa Ponça Golf y Nova Santa Ponça, en las condiciones pactadas por el PP y el concejal «tránsfuga», Joan Thomàs, que abandonó el grupo de UM precisamente para sumar entonces su voto a los del alcalde Delgado.