El Obispado de Mallorca pidió ayer un millón de euros de fianza por el grave perjuicio que supondría la paralización de las obras que se realizan actualmente en la hospedería, en lugar de los 150 euros que daba la familia Ordinas. El abogado del Obispado, Joan Ramon Vivern, realizó esta petición durante el transcurso de la vista preliminar celebrada ayer en el juzgado número seis de Inca donde se discutía la demanda presentada por la familia Ordinas para pedir la suspensión cautelar de todas las actividades que se llevan a cabo en los edificios mientras no se resuelva la demanda interpuesta contra el Obispado de Mallorca.
El abogado de la familia Ordinas, Miquel Àngel Ordinas, reiteró la petición de las medidas cautelares en las que se encuentran el cese de las obras que ejecuta actualmente la Fundació Castell d'Alaró formada por el Ajuntament, el Obispado y el Consell.
A pesar de que la familia Ordinas sólo demandó al Obispado en la causa, durante la vista de ayer, también se personificaron representantes del Ajuntament y de la Fundació «porque las medidas cautelares que se piden también nos afectan», según dijo el abogado del Ajuntament, Pere Simonet.
Medidas cautelares
De esta manera, el Obispado, el Ajuntament y la Fundación Castell d'Alaró se opusieron a las medidas cautelares pedidas por la familia Ordinas, porque «el cese provisional de la actividad del bar y las actividades de excursionismo no afectan de ninguna manera a la propiedad», según la abogada de la fundación, Lorena Oliver, que continuó diciendo que «las obras que se desarrollan actualmente en la hospedería del Castell sólo consisten en la reforma y mejora interior, ya no se realiza ninguna ampliación de la edificación existente. Además, dichas obras se encuentran a medio hacer, por lo que su paralización causarían un gran perjuicio».
En este sentido, declaró, en calidad de testigo, el presidente de la Fundación, Mateu Marcús, también regidor del PSM en el Ajuntament d'Alaró. Marcús manifestó que «la primera fase de las obras están a punto de finalizarse, mientras que la segunda fase se acabará durante el próximo mes de septiembre». Según Marcús, la paralización de las obras «supondría perder la gran cantidad de material que se ha subido hasta el Castell mediante un helicóptero». Por otra parte, dos vecinos de la localidad también fueron llamados a declarar a petición del Ajuntament de la localidad. Joan Amengual, que fue miembro de la fundación durante el año 2001, explicó que «las dependencias del Castell siempre habían sido usadas por el pueblo» y aunque admitió que no tenía constancia de quien eran sus propietarios dijo que «siempre había oído que la fortaleza era propiedad de la Iglesia». Por su parte, Jaume Borras, aseguró que «hace unos 70 años que subo al Castell y nunca he visto una ampliación de las dependencias».
La vista quedó pendiente de la resolución de la juez que se espera para dentro de un mes.
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