Joaquín Rabasco salió anoche de prisión. Su entorno personal -que lo es también de ASI, el partido que lidera-, presentó en la Audiencia la fianza de 120.000 euros que le había sido impuesta ocho días atrás por los jueces que le han condenado a seis años en el caso 'facturas de Llucmajor'. El riesgo de fuga que la Fiscalía y el tribunal consideraron objetivo tiene desde ahora un precio y unos avalistas con nombre y apellidos. En s'Arenal.
Como colofón a una semana «frenética de gestiones puerta a puerta», según allegados y familiares de Rabasco, a media mañana de ayer pudieron hacerse efectivos desde la cuenta bancaria abierta para este fin los 120.000 euros de la fianza y comenzó una operación contra el reloj para asegurar una rápida puesta en libertad del encarcelad.
Guillermo Roig, el concejal de ASI en Llucmajor, los llevó personalmente hasta la sección segunda de la Audiencia, donde fue informado de que allí no se constituyen depósitos en efectivo. La respetable suma económica hubo de ser ingresada en uno de los bancos habilitados para caución judicial, y el recibo estuvo listo al límite de la hora de cierre del juzgado.
Ramón Riutord, abogado de Rabasco, declaró en el curso de esa tramitación que «si hay un hecho destacable por encima de todo en este caso es que a mi representado lo saca de la cárcel una cuestación popular, es decir, el pueblo».
La sección segunda de la Audiencia decidió el día 4 de diciembre el ingreso en prisión provisional de Joaquín Rabasco al entender, conforme a la petición del fiscal, que «el reo no ofrece suficientes garantías de sujeción al proceso» y apreciando a ese respecto «un nada desdeñable riesgo de que durante la tramitación del recurso de Casación pudiera intentar sustraerse a la acción de la justicia y fugarse».
Ese mismo tribunal había condenado semanas antes a Rabasco a seis años de cárcel por delitos de malversación de caudales públicos y alzamiento de bienes del Ajuntament de Llucmajor a comienzos de la presente década, y mientras era concejal del consistorio. La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.
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