Vecinos de Cala Rajada, hoteleros y diferentes asociaciones de la zona costera unen sus esfuerzos para pedir a la juez del juzgado número 2 de Manacor que levante lo antes posible el precinto del Hotel Son Moll y que no demore el proceso. Piden «soluciones urgentes» antes de que empiece la temporada turística y la zona costera se pueda ver perjudicada.
Desde el pasado día 16 de diciembre, en que se produjo el derrumbe de la tercera planta del hotel Son Moll que provocó la muerte de cuatro personas, las obras están precintadas por orden judicial. Un mes y medio después, algunos consideran que el precinto es excesivo y que abarca una zona demasiado amplia. Así, se están produciendo algunas movilizaciones como el envío de una carta que se dirigirá a la titular del juzgado que instruye el caso, Martina Mora, según ha confirmado el presidente de la Asociación Hotelera de Cala Rajada, Joan Massanet.
«He hablado con propietarios de bares, con algunas asociaciones de vecinos como la de Son Moll y estamos de acuerdo en que no se puede demorar el tema. Está claro que la Justicia debe seguir su curso, pero la temporada turística está a punto de comenzar y esta situación puede ser perjudicial para la zona costera. Hay una calle que está cerrada. Además, así como está el precinto casi no puede pasar una persona y la imagen que se da de cara al exterior con el hotel en estas circunstancias es lamentable», expone Massanet, quien añade: «Estamos de acuerdo en redactar una carta que se enviará a la juez pidiendo que retire el precinto y resuelva lo más rápido posible».
Por su parte, el Ajuntament de Capdepera también se ha mostrado sensibilizado con este tema. De hecho, ya remitió un escrito al juzgado número 2 de Manacor. Así se hizo público en el pleno ordinario que se celebró el martes por la noche a raíz de una pregunta formulada por la regidora de EU-Els Verds, Maria Orts que se interesó sobre las actuaciones que se habían llevado a cabo en el tema del Hotel Son Moll.
En el escrito, remitido al juzgado el pasado día 26 de enero, se informaba de los pasos que se habían seguido tras el accidente ocurrido el pasado 16 de diciembre, en que perdieron la vida cuatro personas. Así, el 17 de diciembre se dictó orden de paralización de las obras y la apertura de un expediente de infracción urbanística, ya que las obras que se estaban realizando no contaban con la pertinente licencia.
El Ajuntament también apunta que el hecho de que la calle Tritón esté cerrada afecta a algún que otro negocio y la dificultad que supone el precinto para la promotora a la hora de presentar otro proyecto tal y como se exige desde el Consell de Mallorca.
El pasado 30 de enero, el Ajuntament recibió la respuesta del juzgado. De momento, todo queda pendiente de las diligencias oportunas para instruir el caso.
El proceso judicial sigue su curso. Hay que recordar que hubo tres detenciones por el suceso y todos quedaron en libertad sin cargos. Desde el juzgado se van realizando las pruebas pertinentes. Una de ellas ha sido la visita de los técnicos nombrados por el juzgado y por las partes para emitir los oportunos dictamenes periciales con el objetivo de determinar la causa del accidente.
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