La titular del juzgado número seis de Inca, Catalina Martorell, efectuó ayer por la mañana el reconocimiento judicial que habían solicitado el Obispado, el Ajuntament y el Consell de Mallorca, a raíz de la demanda que la familia Ordinas interpuso contra la Obispado y que determinará a quién pertenecen varios espacios y edificaciones ubicadas en el Castell d'Alaró. La inspección duró algo más de dos horas.
Además de la juez, la expedición también la formaban la correspondiente secretaria judicial, el alcalde de Alaró, Joan Simonet; el presidente de la fundación del Castell, Mateu Marcús; el rector, Josep Noeguera, y el demandante. Todos iban acompañados de sus respectivos abogados.
El reconocimiento judicial lo habían solicitado el Obispado, el Consell de Mallorca y el Ajuntament. La familia Ordinas había pedido que la inspección tuviera lugar después del juicio oral, previsto para el cuatro de mayo, pero la juez no estimó la petición de los demandantes.
La demanda, que la familia Ordinas interpuso hace poco más de un año, reclama a la Iglesia la propiedad de algunos espacios y de los edificios de obra nueva de sa Taverneta, los establos y unos terrenos colindantes con dichas construcciones. La familia Ordinas entiende que el Obispado sólo es propietario del oratorio y de la antigua hospedería.
El Ajuntament y el Consell, en tanto que integrantes del la fundación del Castell e interesados, también decidieron personarse en la causa. Las obras que ahora se realizan en el Castell, de hecho, las financian el Consell y el Consistorio conjuntamente.
Los abogados de las tres instituciones entienden que los terrenos que reclaman para la Iglesia son de uso público y que están perfectamente delimitados desde tiempos inmemoriales. «Los alaroners los utilizan desde hace muchos años», aseguran.
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