La empresa alemana Teka ha inyectado 5'5 millones de euros en el capital social de su filial Casa Buades SA, ubicada en Binissalem, para que ésta pueda hacer frente, sin multiplicar su elevado endeudamiento contable, al pago de las indemnizaciones y compensaciones a la Seguridad Social por el despido en prejubilación de 85 trabajadores.
La reestructuración de capital se produce en coincidencia con la aprobación por el Ministerio de Trabajo del expediente de regulación de empleo de Casa Buades, que configura la plantilla final en 86 personas, con el compromiso de asegurar la viabilidad del negocio por, al menos, los próximos cinco años.
Tras el anuncio oficial de la aprobación del expediente de regulación de empleo por parte del Ministerio de Trabajo, Casa Buades respira estos días en Binissalem un ambiente de expectación y optimismo, según explicó ayer a Ultima Hora Bernat Font, portavoz del comité de empresa.
Font informó de que los trabajadores despedidos ya han cobrado las indemnizaciones que les corresponden «salvo un par de excepciones de personas que llegaron a acuerdos puntuales, sin que haya habido, por lo que me consta, ningún problema, pues, de hecho, en algunos casos las han redondeado al alza», dijo el portavoz sindical.
«Dentro de la pena que supone saber que la mitad de la plantilla de Buades se ha ido a la calle, sabemos que empezamos una nueva etapa, están desmantelando lo que había en Palma y desde hace dos semanas se está impulsando Binissalem, donde hay una gran expectación y todo el mundo está poniendo de su parte», explicó Bernat Font, quien confíó en el nuevo proyecto de Teka para Binissalem consistente en convertir la fábrica en un centro de diseño, investigación y desarrollo de la División Baño de la compañía, desde donde se marcará la línea de vanguardia de la grifería que está presente en los mercados de los 58 países en los que ya se comercializa esta firma.
La fábrica ubicada en Binissalem también albergará la dirección mundial de la división baño.
Buades mantendrá una plantilla de 86 personas garantizando la viabilidad de la empresa un mínimo de cinco años a contar desde la aprobación definitiva del expediente de regulación de empleo.
«Parece que hay buenas expectativas», dijo ayer el portavoz sindical de los trabajadores.
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