Demolición en Cala Tuent

A pesar de eso, el administrador y copropietario de Can Ganxo, Pere Vicens, se personó en el lugar y denunció a la Guardia Civil que la empresa había entrado sin la pertinente autorización judicial. Entonces, una pareja de la Benemérita de Inca procedió a paralizar los trabajos mientras efectuaban las oportunas verificaciones.

Enfrentamiento
Vicens llegó incluso a enfrentarse verbalmente con los operarios, a los que «ordenó», secundando a los agentes del orden, que saliesen «de su casa». Después de que la Guardia Civil verificara la cobertura jurídica de la actuación, ésta pudo continuar sin más impedimentos.

Ayer a mediodía, el delegado de Costas, Celestí Alomar, aseguró que lo único que hace el organismo es ejecutar una orden firme de demolición que se remonta a marzo de 2005, emitida después de haberse desestimado el recurso anterior de 2001, que firmó, en su momento, Jaume Matas.

Alomar reconoce además que hace un año que la propiedad consiguió detener el derribo, pero afirma que «las dos veces que se han paralizado los trabajos ha sido por decisión personal mía, por cautela y por permitir que los propietarios tuviesen más tiempo para alegar o recurrir contra una actuación que está en regla desde hace años». También desmintió que, según denuncia Vicens, Costas tampoco dispusiera de autorización judicial alguna para entrar. «Tenemos una autorización del juzgado de lo Contencioso 1 de Palma desde el 8 de octubre pasado, y seis meses para ejecutarla».

Tras preguntarle porqué Costas ha procedido contra esta construcción antes que contra otras, cuando en Tuent no había demanda social ni impacto significativo, Alomar recuerda que, en este caso, aparte de la propiedad y el movimiento que ésta ha promovido, «ninguna institución pública o conservacionista se ha manifestado a favor de la conservación de la casa ni ha reclamado la declaración de bien protegido. Además, la playa de Tuent se verá muy mejorada después de esta actuación».