El ex presidente del Govern Gabriel Cañellas, pasando el arco de seguridad de los juzgados. g Fotos: J. MOREY | Jaume Morey

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El ex presidente del Govern y presidente de la Fundació Illes Balears, Gabriel Cañellas, y el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, se contradijeron ayer de forma frontal en sus declaraciones como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 7 por las posibles irregularidades en el convenio sobre el Castell de Sant Elm.
Ambos afirman que el acuerdo no era una tapadera para enviar dinero desde el Govern a la Fundació, pero ahí acaban las coincidencias. Hidalgo señaló al magistrado Antoni Garcias que el ex president del Govern le envió a la Conselleria de Turisme para que pidiera una subvención y financiase el convenio, que suponía el pago de 90.000 euros anuales por parte del Ajuntament a la fundación. Según declaró, se entrevistó con el entonces conseller Joan Flaquer que, de acuerdo con Higalgo, «ya sabía de qué iba el tema». De esta forma, el Consistorio obtuvo una subvención por parte del Inestur que fue a parar íntegramente a la Fundació Illes Balears, hecho éste que inició el proceso judicial tras una denuncia del actual equipo de gobierno del Ajuntament d'Andratx.
Flaquer
Cañellas niega haber realizado ninguna mediación ante el Inestur ni ante Joan Flaquer para conseguir esta subvención. Hidalgo también señala que no le consta que Inestur realizara ninguna actividad en el castillo.
Los dos imputados también discrepan sobre quién propuso la firma del convenio. Hidalgo asegura que fue una propuesta que le hizo Cañellas cuando gobernaba junto a PSOE y UM y que, sin embargo, no llegó a concretarse hasta que el Partido Popular entró en el equipo de gobierno municipal. El presidente de la fundación dice justo lo contrario: que fue una propuesta del entonces alcalde y que, en 2004, dos años antes de la firma del convenio, recibió una carta de Hidalgo en la que pedía buscar alguna fórmula para compartir el uso del castillo, que entonces rehabilitaba la fundación.
Hidalgo también manifestó que no participó en la elaboración del convenio y que confió ésta a un letrado asesor del municipio. Según la declaración del ex alcalde, se desentendió hasta el punto que pensaba que el importe que fija el acuerdo -45.000 euros- era una cantidad que había que pagar anualmente y no de forma semestral.