Movilización contra la protección del casco antiguo de Pollença

El inicio por parte del departamento de Patrimoni del Consell de Mallorca de los trámites previos para declarar el casco antiguo de Pollença como Bien de Interés Cultural (BIC) ha desatado la alarma entre los constructores y profesionales relacionados con esta actividad -fundamentalmente aparejadores y arquitectos- por los efectos que la medida pueda tener sobre un sector económico que sobrevive en tiempos de crisis en parte por las obras de rehabilitación y reforma del núcleo.
Constructores, albañiles, técnicos y también algunos propietarios, registraron ayer más de quinientas firmas contra el inicio del expediente de declaración de BIC que fue retirado de la última comisión de Patrimoni y que podría ser aprobado el próximo viernes, junto a la declaración de Bien de Interés Cultural del casco antiguo de Sineu, en este último caso a instancias de su Ajuntament que aprobó por unanimidad una moción solicitando la tramitación.
Suspensión de licencias
Los constructores, y propietarios de Pollença temen especialmente la suspensión temporal de licencias que contempla la ley, vigente por un periodo máximo de 20 meses, mientras se redactan los instrumentos de planeamiento necesarios para garantizar completamente la protección. A partir de ahí, las interpretaciones que hacen de la ley el alcalde, Joan Cerdà, y el director insular de Patrimoni, Gabriel Cerdà (ex socios de gobierno de UM y PSM en el Ajuntament) son bien diferentes. El enfrentamiento se hace patente en la calle. Unos acusan a los otros de alarmistas.
El alcalde Joan Cerdà opina que durante la moratoria apenas se podrán conceder licencias de obra en el casco histórico, por lo que critica que la medida se aplique en plena crisis. «Hay poco trabajo y aún puede paralizarse más y muchas familias pueden tener problemas», dice Cerdà. «No quiero ser alarmista pero tampoco se puede ser simplista y decir que la declaración de BIC no tendrá consecuencias y que no habrá problemas en la concesión de licencias», añade.
Joan Cerdà aboga por «seguir hablando con el Consell y trabajar sobre esta cuestión, pero no iniciar la declaración hasta un momento más oportuno».
El director insular de Patrimoni, Gabriel Cerdà, asegura que el Consell no agotará los 20 meses de moratoria que permite la ley y que durante la moratoria seguirán concediendo licencias de obra mayor y menor siempre que cumplan la normativa urbanística y no impliquen un incremento de volumen. Confirma su intención de trabajar en coordinación con el Ajuntament.
Vecinos del centro también han manifestado su disconformidad con esta declaración.