El PSOE de Calvià reclama al juez que suspenda la privatización del suministro de agua

El grupo socialista en el Ajuntament de Calvià pidió ayer al juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Palma, competente en el litigio que mantienen con la mayoría de gobierno del PP, liderada por el alcalde, Carlos Delgado, la medida cautelar de suspender la aprobación definitiva en el pleno del 12 de febrero pasado de la gestión del servicio público de agua potable en la mayor parte del municipio, mediante concesión a una empresa privada. La iniciativa del PSOE pretende evitar «el daño que ya estaría hecho», en caso de una sentencia estimatoria de sus pretensiones, puesto que la concesión es por plazo de cincuenta años.
La entrega de la reclamación judicial la llevaron a cabo, en torno a las 14 horas de ayer, el precandidato socialista a las elecciones locales de 2011, Alfonso Rodríguez Badal, y el abogado Pablo Alonso de Caso, autor de las alegaciones fácticas y jurídicas en nombre de ese grupo político municipal.
Importantes perjuicios
La primera de las alegaciones presentadas ayer por el PSOE de Calvià señala que la aprobación definitiva de la documentación que da paso a la gestión privatizada del servicio de agua potable «puede producir perjuicios de imposible reparación al municipio en un asunto de tanta importancia como un servicio de primera necesidad», con lo cual, y en paralelo «podría hacer perder su finalidad legítima al recurso interpuesto».
El grupo municipal socialista en Calvià también apunta en su escrito que la petición de suspender el acuerdo del pleno para conceder a una empresa privada el día a día del servicio de agua que hasta el presente lleva a cabo la entidad municipal 'Calvià 2000' «obedece a las circunstancias de especial urgencia que concurren en el presente caso».
La mayoría gobernante en Calvià es requerida en el documento judicial entregado ayer por letrado Alonso de Caso para presentar ante el magistrado competente la totalidad de los expedientes administrativos vinculados al acuerdo plenario que se impugna, así como «todas las alegaciones realizadas por personas físicas y jurídicas», durante el trámite de información pública habilitado para emitir opiniones discrepantes respecto a la resolución que promovió el alcalde Carlos Delgado.
De hecho ayer, en el acto físico de la entrega del documento de petición de medidas cautelares del PSOE en Calvià, concurrieron en el exterior de la sede de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Palma, en la plaza de Cort, no sólo varios concejales de esa formación -como el portavoz durante la actual legislatura Antoni Manchado, Francisco Cano y Joan Recasens-, sino también integrantes del comité de empresa de la entidad pública 'Calvià 2000' en representación de los sindicatos CC OO y UGT, que han apoyado públicamente su rechazo a la privatización del servicio de agua potable, y no sólo en varios comunicados a la opinión pública sino también en manifestaciones de calle, llevadas a cabo durante el presente año en ámbitos del municipio calvianer.