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La denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo por el discapacitado y defensor de los caminos públicos y abiertos, Antoni Gorries contra el cierre con barreras del Camí Vell de Lluc, lleva tres años parada pendiente de que el Ajuntament de Pollença remita al Defensor del Pueblo la documentación que se le ha requerido.
Así lo comunicó ayer la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, de la que forma parte el denunciante, tras recibir una notificación en la que el adjunto al Defensor del Pueblo, Manuel Aguilar Belda, encargado del departamento de Ordenación Territorial, muestra claramente su malestar por el retraso del Ajuntament a la hora de aportar una documentación que resulta «vital» para la resolución del caso. «Le indicamos que como el Ajuntament de Pollença persiste en no enviar la nueva información solicitada en relación a su queja, esta institución se ha visto obligada a recordar al citado organismo su deber de colaborar para el rápido esclarecimiento de la situación planteada en su expediente», dice textualmente Manuel Àngel Aguilar en una carta dirigida a Gorries fechada el pasado 20 de octubre.
El defensor del pueblo ha trasladado la denuncia al Consell de Mallorca para que la Dirección insular de Carreteres continúe con la delimitación de la vía.