Tanto el abogado de Cañellas, Josep Perelló, como el de Hidalgo, Gaspar Oliver, han reclamado al juez instructor que sobresea las actuaciones respecto a sus defendidos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) archivara el caso contra el exconseller de Turismo Joan Flaquer y el exdirector del Instituto Balear de Estrategia Turística (Inestur) Carlos Pizá.
En esta causa se indaga un supuesto desvío irregular de fondos de la Fundación Illes Baleares (FIB) -que preside Cañellas-, entidad responsable de la conservación de la torre de Sant Elm que cedió su uso en 2006 al Ayuntamiento de Andratx -gobernado entonces por el PP- a cambio de una contraprestación económica cuyo destino se está investigando.
La cesión de la torre del Ayuntamiento supuso el abono de unos 45.000 euros a la fundación, un dinero cuya finalidad al parecer no se justificó.
El pasado marzo, el magistrado Francisco Javier Muñoz de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB determinó que la decisión de Flaquer de autorizar el pago de 30.000 euros para que el Ayuntamiento de Andratx los traspasara a la FIB por usar el castillo de Sant Elm no presentaba «indicios delictivos de malversación».
El magistrado argumentaba que, en contra del criterio de la Fiscalía, no hay malversación si con el pago se obtenía como contrapartida el uso turístico de la torre y su inclusión en rutas culturales, y ni siquiera si se trataba solo de cubrir «una subvención material» a la entidad presidida por Cañellas.
En base a estos argumentos del juez Muñoz, las defensas de Cañellas y de Hidalgo sostienen que los hechos investigados no son constitutivos de delito y piden al magistrado que levante sus imputaciones.
La imputación del expresidente por un supuesto desvío de fondos y otras irregularidades en la gestión de la torre de Sant Elm deriva de una denuncia del Ayuntamiento de Andratx contra Hidalgo, que luego pidió se ampliara a Cañellas.
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