El Ajuntament de Manacor ya ha cedido, de manera oficial, un solar de la calle del Pilar al Ministerio de Justicia para la construcción de los nuevos juzgados.
En el último pleno se ratificó la donación obligada de los terrenos que serán retornados al pueblo si en cinco años no se ha ejecutado el proyecto. Este trámite contó con los votos a favor del equipo de gobierno PP-AIPC, PSOE y ALM pero con la oposición de PSM-IV-Entesa y Esquerra Republicana.
El republicano Joan Llodrà censuró el hecho de tener que «ceder un solar municipal a Madrid para tener las infraestructuras dignas que necesitamos cuando el Ajuntament tiene que comprar terrenos para construir escuelas».
Este argumento fue compartido por el alcalde Antoni Pastor (PP) quien comparó las exigencias de Madrid «a una especie de chantaje que nos hacen a los ayuntamientos», añadiendo que «a todo un Ministerio le tenemos que regalar un solar mientras que para construir escuelas para nuestros hijos tenemos que firmar convenios urbanísticos».
De hecho, el portavoz de PSM-IV-Entesa, Sebastià Gaià, se reafirmó en su voto negativo también por el hecho de «sacar del centro de la ciudad los juzgados para llevarlos a las afueras que es donde se encuentra este solar de la calle del Pilar».
Modificaciones
La cesión de este solar, que hasta hoy está ocupado por la Brigada Municipal, ha durado varios años por lo que se refiere a su tramitación. Según las normas urbanísticas de la ciudad, en estos terrenos sólo se podía construir en un volumen de 4.000 metros cuadrados. Dicho volumen tuvo que ser modificado ya que el proyecto de nuevos juzgados necesitaba unos 6.000.
De este modo, el Ajuntament de Manacor espera que en un plazo breve de tiempo el Ministerio de Justicia informe de sus intenciones relativas a los plazos de redacción y ejecución del proyecto en cuestión. Una planificación que podría verse afectado por los duros recortes que se aplican desde el Gobierno de Mariano Rajoy.
2 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Aquest problema existe una mica per tot arreu. Com la policia obeeix al Govern, mentres que els jutgen li poden donar canya, sempre les comissaries tenen prioritat sobre els jutjats.
Tanta declaración de urgencia no sirve de nada. Ya fue objeto de un Decreto Ley de medidas urgentes, para no tener que pasar por los trámites ambientales y de Urbanismo. Seguimos en el mismo punto, pues ahora falta el dinero. Mientras tanto, en Santa Margalida han de derribar la piscina municipal (200 M ptas.) porque está mal construida; y sin olvidar el derribo del puente de Porto Cristo, construido ilegalmente...Cuanto irresponsable.