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El Ajuntament de Pollença no podrá cobrar a los propietarios de bares y restaurantes una tasa por ocupar el paseo Anglada Camarassa con las mesas y sillas de sus terrazas porque los empresarios turísticos ya abonan el canon de Costas por la ocupación del domino público marítimo terrestre en este mismo espacio.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha rechazado el recurso que había interpuesto el Ajuntament contra una resolución anterior dictada por el Juzgado Contencioso–Administrativo número 2 de Palma que da la razón a los propietarios de un establecimiento situado en el paseo marítimo del Port de Pollença que impugnaron la tasa al entender que existe una duplicidad en los cobros por parte del Consistorio.

El canon

La sentencia crea un importante precedente del que se podrían beneficiar el resto de empresarios turísticos no solo del Port de Pollença, sino de otras zonas costeras en las que exista duplicidad. Hace años que los restauradores del Port de Pollença venían denunciando que el coste de las terrazas en el paseo marítimo «es uno de los más elevados no solo de la Isla sino de todo el territorio nacional».

Aunque el juez ya había anulado en primera instancia el cobro de la tasa el Ajuntament recurrió el fallo ante el TSJB confiando en que el juez anulara el canon de Costas en lugar de su tasa, dado que el Ajuntament también paga un canon anual a Costas a cambio de los derechos de explotación del dominio público. No ha sido así. El juez anula la tasa de ocupación municipal de la vía pública que en este caso concreto ascendía a 5.580 euros y mantiene el correspondiente abono del canon de Costas por ocupación del dominio público que asciende a 2.972,51 euros por el mismo espacio.

El Ajuntament se verá obligado ahora a modificar su ordenanza fiscal reguladora de la tasa de ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, tribunas, tarimas y otros elementos similares con finalidad lucrativa que está aprobada inicialmente. Cabe la posibilidad de que el Ajuntament busque una argucia legal para continuar cobrando mediante un canon y no una tasa por la ocupación con una fórmula diferente. El alcalde, Bartomeu Cifre (PP), entiende que la sentencia permite esta posibilidad.