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Una comisión judicial se desplazó ayer a Llucalcari para comprobar sobre el terreno el cumplimiento de la sentencia que obligaba a demoler los cuatro chalets ilegales y restituir la zona a su estado original.

El reconocimiento judicial, que se llevó a cabo a instancias del abogado del Grup d'Ornitologia Balear (GOB) Eduard Moreno, contó con la presencia de Gabriel Fiol Gomila, presidente de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears; además de los abogados de las partes y Mauricio Rovira, presidente de la Agència de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca; y Jaume Crespí, alcalde de Deià; y la portavoz del GOB Margalida Ramis.

El Tribunal Superior decidirá si el terreno está en su estado original, pero durante la visita se apreciaron restos visibles de las construcciones, hoy ya inexistentes. Así, la comitiva judicial se dirigió al primero de los chalets por un camino que, teóricamente, no debería existir. La circulación de vehículos es imposible, porque se han construido cinco muros de contención en el camino y sembrado algunos pequeños pinos. Se puede apreciar también como alguna de las marjades construidas por los propietarios de las edificaciones siguen existiendo.

La historia de los chalets de Llucalcari se remonta 25 años atrás. Fue entonces cuando el GOB inició la batalla judicial contra las licencias otorgadas por el Ajuntament de Deià, que permitían la construcción de cuatro chalets. En 1992, llegó la primera sentencia judicial, que declaraba nulas de pleno derecho las licencias, ya que el terreno era no urbanizable y tenía la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC).

El Tribunal Superior declaró también nulas las cuatro licencias y el Supremo confirmó la sentencia en marzo de 1999. El Ajuntament continuaba resistiéndose a ordenar la demolición y presentó un nuevo recurso, pero el Supremo lo archivó en marzo del 2005.

Nada cambió y no fue hasta mayo del 2008 cuando el TSJIB dio un plazo de 10 meses al Ajuntament para que realizara la demolición y restituyera los terrenos a su estado original.

Fue necesaria una multa de 600 euros semanales a Jaume Crespí, alcalde de Deià, para que se iniciara el proceso para derribar las edificaciones. Ayer, la comisión judicial visitó la zona para comprobar si la sentencia se ha cumplido.